El pasado 25 de enero se cumplieron los primeros diez años de promulgada la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y a pesar de que en la misma se consigna lo que se supone son las aspiraciones de la sociedad dominicana para el año 2030, esta fecha al parecer pasó desapercibida por los medios de comunicación, los partidos, el gobierno que es responsable de aplicarla y el Consejo Económico y Social, encargado de darle seguimiento. O al menos no he visto ninguna publicación al respecto, en ningún medio digital, ni en los portales institucionales, al momento de concluir este artículo.
Esta Ley, fue el resultado de más de tres años, del 2008 y el 2011, de estudios, reuniones y talleres de discusión, promovidos por la Presidencia de la República, entre los diferentes sectores en diversos escenarios y territorios del país, tanto en el seno del Consejo Económico y Social, como en el Congreso Nacional, hasta su promulgación por el Poder Ejecutivo, en enero 2012.
Y a pesar de que en estos procesos de diálogo, los representantes de las elites económicas y políticas, a través de sus organizaciones bien estructuradas y con gran poder de influir las decisiones, considero que este esfuerzo constituyó un buen ejercicio de institucionalidad democrática, que dejó plasmada las aspiraciones de una buena parte de los sectores económicos, políticos y sociales del país. Sobre todo, tomando en cuenta que fue el primer proceso de esa magnitud y alcance, que se realiza en el país.
Desde su promulgación celebré este instrumento nuevo de gestión del Estado Dominicano, pues como planificador defiendo el hecho de que las naciones y sus instituciones deben darse las oportunidades de pensar a largo plazo acerca de los grandes problemas estratégicos cuyas soluciones trascienden más de un período de gobierno, ya que es una forma de garantizar la continuidad del Estado, asignando de antemano a cada gobernante de turno la agenda principal que representa los interés de la nación.
Los que hemos trabajado con el Sistema de Planificación Gubernamental nos resultan muy familiares los enunciados de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero no así para el ciudadano común, o profesionales no vinculados a estos procesos, por ello en este décimo aniversario, antes de entrar en algunas reflexiones críticas sobre la misma, me permito presentar a los lectores una breve síntesis de los contenidos básicos de esta Ley.
El punto de partida para la elaboración de la Estrategia se basó en un estudio realizado por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo MEPYD, titulado “Un viaje de Transformación hacia un País Mejor”, el cual constituye el documento base de la propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Y el siguiente párrafo podría decirse que resume en pocas palabras la complejidad de la problemática país definida en ese momento:
“El balance de los resultados del desarrollo de República Dominicana durante los últimos 40 años, si bien arroja grandes éxitos, evidencia también importantes deficiencias. El notable crecimiento económico experimentado por el país no genera suficientes empleos dignos, por lo que no ha logrado reducir sustancialmente la pobreza. En adición, da muestras de una falta de competitividad internacional que genera fuertes desequilibrios externos y amenaza las posibilidades futuras…”.
Así reza el prólogo del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), al publicar la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y más adelante en el mismo párrafo se agrega:
“Otras áreas de la vida nacional también requieren notables cambios: instituciones más eficientes y transparentes son necesarias para fortalecer la democracia y para apoyar el desarrollo del aparato productivo. Igualmente se requiere una mejor gestión de los recursos naturales, fortalecer la gestión de riesgos y promover la adaptación a los efectos del cambio climático, para dar sostenibilidad al desarrollo futuro.”
Es así como a partir del planteamiento de lo que se consideraba en ese entonces la “problemática nacional” que debíamos enfrentar se plantea la necesidad de un cambio de modelo que se plasma en lo que constituye la visión país al 2030:
“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”. (Artículo 5. Visión.)
Tal como enuncia el MEPYD, en esta formulación de la Visión de la Nación que deseamos construir para el año 2030 está implícito un nuevo modelo de desarrollo. Este nuevo modelo de desarrollo se propone, por un lado, enfrentar los principales problemas y rezagos que exhibe la sociedad dominicana en los ámbitos institucional, social, económico y ambiental y, por otro lado, enfrentar los retos que depara el futuro, asociados a un mundo en constante cambio en términos tecnológicos, climáticos y de las relaciones entre las naciones y las poblaciones a nivel global.
En el documento de la Ley, en su artículo 6, se establece que las políticas públicas se articularán en torno a cuatro Ejes Estratégicos, con sus correspondientes Objetivos y Líneas de Acción, los cuales definen el modelo de desarrollo sostenible al que aspira la República Dominicana.
Los cuatro ejes se describen en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley: el primer eje, que procura un estado social democrático de derecho; el segundo, que procura una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades; el tercero que procura una economía sostenible, integradora y competitiva; y el cuarto eje que procura una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que se adapta al cambio climático.
A partir de esos cuatro ejes se desglosan los objetivos generales y específicos que se deberán alcanzar y las acciones de política que habrán de implementarse durante los próximos 20 años por parte de los diferentes gobiernos que se sucedan para alcanzar el estado de bienestar y desarrollo propuesto en la Estrategia para el 2030; así como las metas e indicadores con que se habrá de medir el grado de cumplimiento alcanzado.
En tal virtud, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es vinculante para todos los gobiernos que se instalen en el poder ejecutivo durante el periodo de vigencia, de manera que cada gestión gubernamental deberá contribuir a la implementación de la Estrategia, plasmando los objetivos, líneas de acción e indicadores en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que cada gobierno debe formular al inicio de su gestión y del cual deberán presentar un informe de rendición de cuentas al final de período. Tal como se establece en el artículo 3, de la Ley y sus párrafo.
Más adelante, en el año 2014, la Presidencia de la República emite el decreto 134-14, el cual contiene el Reglamento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, donde se establecen las vinculaciones de los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, indicados en la Ley 498-06, con los postulados de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
En ese reglamento se establece además la responsabilidad del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, como órgano rector del sistema, a los fines de validar que los planes estratégicos, operativos, programas y proyectos de inversión de las diferentes instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas, incluyendo los Ayuntamientos, estén acorde con los propósitos establecidos en la END2030.
En una próxima entrega hablaremos de la ejecución de la Estrategia, pues al cabo de los primeros diez años transcurridos, creo que sería sensato preguntarse: ¿Cuál ha sido el seguimiento que se le ha dado al cumplimiento de las metas propuestas y qué resultados o avances se han obtenido hasta el momento, en la consecución de los objetivos y en la ejecución de las líneas de acción trazadas para llegar al ideal de nación establecido en la visión y los ejes estratégicos de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo?
Por Nelson De Los Santos P.