A diez años de la Ley de Cine:  Pasado, presente y futuro

Por Dániel Lajara viernes 31 de julio, 2020

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Fueron muchos cineastas y gestores culturales, hombres y mujeres, los que, durante años, lucharon sin descanso por la implementación de políticas estatales en materia cinematográfica, especialmente la puesta en marcha de una Ley de Cine.

Podemos afirmar que este sueño de muchos comienza a materializarse con la llegada a la presidencia del Dr. Leonel Fernández, en el 2004. Con la creación de la Dirección Nacional de Cine (DINAC), en septiembre de ese año, se da inicio a las políticas estatales de largo alcance en materia de cine, acción sin precedentes en nuestro país.

La DINAC fue el comienzo del viaje indetenible y de alto vuelo que ha iniciado nuestra cinematografía.

Destinada a ofrecer, inicialmente, apoyo técnico y logístico a producciones locales y extranjeras, la Dirección Nacional de Cine fue una institución histórica dentro de la cultura nacional. La parte operativa la conformaron Arturo Rodríguez, Félix Manuel Lora, Lidia Bastos, Tanya Valette (antes de partir a San Antonio de los Baños), y quien escribe. La DINAC se convirtió en el primer lugar de peregrinación de los cineastas del país, jóvenes y veteranos, que soñaban con una industria sostenible. Por primera vez, había un lugar donde podían acudir a buscar apoyo para sus cortos, sus largometrajes, y sus estudios en el extranjero.

La DINAC desarrolló los primeros talleres de cine en escuelas públicas, en la Cinemateca Dominicana y en sus instalaciones. Además, inició alianzas estratégicas con distintas instituciones, públicas y privadas, locales y extranjeras, que hicieron más ágiles los rodajes en todo el país. Así nacieron los acuerdos de coproducción, siendo el primero con Puerto Rico.

A partir de las funciones del día a día, aciertos y desaciertos, durante sus siete años de funcionamiento, en la DINAC se crearon las disposiciones, procedimientos y reglas que hoy rigen a la Cinemateca Dominicana y a la Dirección General de Cine (DGCINE), institución que es su continuación. También se logró la entrada al Programa Ibermedia, en el 2007, una alianza vital con los demás países de Iberoamérica que nos ha permitido financiar coproducciones con países como México y España. Esas coproducciones constituyen algunas de nuestras cintas más premiadas.

Gran parte de los protocolos establecidos a través de la experiencia encontraron un lugar permanente como disposiciones de la Ley de Cine (Ley 108-10) y su Reglamento. Y es que el objetivo de la DINAC era más ambicioso: llevar a cabo las gestiones necesarias para desarrollar a niveles inimaginables la cinematografía nacional, a través de dicha ley.

A pesar de todos estos logros, y los posteriores, en la página actual de la DGCINE no hay una sola letra dedicada a la historia de la DINAC y los orígenes de la ley. Esta negligencia es un hecho incomprensible, pues ese proceso forma parte vital de la historia de nuestra cinematografía. La DGCINE no nació hecha y derecha como Atenea de la cabeza de Zeus. Por cierto, lo único que se menciona es que “desde el año 2006 se inició de manera concreta con la creación de una Ley que fomentara la industria del cine en el país”. Ese dato es erróneo.

Para llevar a cabo la redacción de la ley de cine, se solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Ministerio de Cultura, a través de la DINAC, llevó acabo las consultas e investigaciones necesarias para la elaboración de ese documento legal. A la sazón, José Rafael Lantigua era el Ministro de Cultura y Arturo Rodríguez el director de la DINAC. Históricamente, Rodríguez fue la primera Autoridad Cinematográfica de nuestro país, reconocida internacionalmente por Ibermedia, al ejercer dicho cargo.

Con el préstamo del BID, se le encomendó la redacción de la ley al Dr. Gonzalo Castellanos, de origen colombiano. Este experto en legislación cultural utilizó como punto de partida la ley de su país, que ya tenía varios años siendo aplicada y dando resultados muy positivos a la cinematografía de esa nación.

Me incorporé a la DINAC, como subdirector técnico, en febrero del 2006. Supe inmediatamente que se iniciaba una etapa histórica para el cine nacional. Me encontré, de repente, en medio del gran torbellino de reuniones, modificaciones, visitas periódicas al Congreso, a instituciones públicas y privadas. El intercambio de ideas con diversos sectores de la producción cinematográfica, a través de ADOCINE, no fue menos importante para este proceso.

Luego de arduos trabajos y profundas modificaciones, el borrador fue consensuado y enviado a la Cámara de Diputados, en el 2007.

Tres años más de debates, alteraciones y discusiones, tanto en la Cámara como en el Senado, fueron necesarios para que finalmente el borrador de Ley de Cine Dominicana fuera sancionado, el 29 de julio del 2010 (y digo dominicana porque para entonces ya se apartaba en gran medida del borrador del Dr. Castellanos, hasta el punto que cuando éste lo leyó, casi no lo reconocía).

Luego de aprobada, la ley fue sometida a ciertas modificaciones para redefinir el Artículo 39, y se comenzó a trabajar su Reglamento de Aplicación. El borrador de ese importante documento legal fue redactado por la abogada Thelma Álvarez y sus colaboradores, supervisado por quien escribe. Se sometió a debates y se hicieron modificaciones puntuales. Fue puesto en vigencia el 13 de junio del 2011. Con su aprobación se completaron por fin los procesos necesarios para que la ley entrara en acción. Así, después de varios años de trabajo arduo, la cinematografía nacional inició una nueva era.

La Ley de Cine no es sólo un documento que emana de las disposiciones de nuestra Constitución en materia cultural. Su llamado no es únicamente servir como vehículo para exponer y preservar nuestra cultura, a través del Séptimo Arte. También, sus disposiciones dejan bien claro el papel económico que juega la industria cinematográfica en cualquier país donde existe. Lo cierto es que, actualmente, no hay una sociedad desarrollada, o en vías de desarrollo, que no produzca o consuma películas. La importancia del cine es tan grande, que una nación sin cinematografía es una entidad en el más bajo estado de desarrollo cultural y económico. Todo país tiene el deber, sino la obligación, de contar sus historias a través del cine, el más poderoso e influyente medio artístico creado por el ser humano.

De manera que la función de la ley es dual: permitirnos plasmar nuestras historias en imágenes, lo que somos como cultura, para exponernos al mundo, y, al mismo tiempo, mantener activo un sector de la economía que genera miles de empleos.

Pero, ¿cómo puede una industria como la del cine sostenerse, a sabiendas de lo costoso que resulta producir una película? En países en vías de desarrollo sólo el Estado puede suplir los recursos necesarios para incentivar producciones cinematográficas, a largo plazo y de manera sostenible. Por esta razón, la ley opera con incentivos fiscales. Todo empresario puede invertir hasta el 25% del impuesto sobre la renta para producir una película, según el Artículo 34 de la ley, dinero del que queda exento de pagar al fisco, una vez se corrobora la inversión a través de la DGCINE y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Otro Artículo, el 39, aplica exenciones a producciones extranjeras que ya vienen al país con su presupuesto y dispuestas a rodarse.

Aunque se defiende la idea de que el cine subvencionando deja grandes dividendos al país, eso no es del todo cierto. Parte de esos beneficios son intangibles, debido al aspecto cultural. Y a pesar de que activa un sector de la economía, las exenciones de este tipo son gastos fiscales. Es cierto que al incentivar una actividad económica, a través de estos mecanismos, parte del dinero cedido por el Estado se redistribuye dentro de la economía local: se pagan impuestos, se compran bienes y servicios, entre otras cosas.

Pero qué parte del dinero vuelve o no al Estado no es la cuestión vital en este caso. El tema central es si vale la pena invertir dinero en películas cuando otros sectores de la economía nacional, quizá, necesitan inversiones urgentes. La otra disyuntiva es si ese gasto fiscal cumple con el objetivo deseado. Usualmente es en momentos de crisis, o baja recaudación, cuando el Estado evalúa estos gastos y decide si los mecanismos que los implementan deben modificarse.

Naturalmente, ante cambios potenciales, un sector que requiera de este tipo de incentivos para su desarrollo debe ser sometido a críticas que sirvan para mejorar su funcionamiento, a través de posibles alteraciones de las leyes que permiten esas exenciones.

Con diez años operando bajo la Ley de Cine, es innegable que existen aciertos y desaciertos en la cinematografía nacional.

Es indiscutible que la ley ha convertido a nuestro país en un referente de la región en materia cinematográfica. La gran cantidad de películas realizadas, en distintos géneros, en los últimos diez años, es un logro importante para un país que hace poco más de una década producía una película cada dos años. De seguir así, nos encaminamos a dominar la industria de la región. Esa debe ser la meta. Existe la voluntad política, y existen los recursos financieros y humanos para lograrlo.

Por otro lado, aunque queda mucho por hacer en ese sentido, la formación en materia de cine ha alcanzado niveles inimaginables. De igual manera, la exposición de nuestra cultura a través del cine ha llegado a los festivales internacionales, y nuestras películas se han instalado en ciudades del mundo donde apenas sabían de nuestra existencia como nación. Esa sido una gran labor de la DGCINE.

Ahora bien, el que se haga más de veinte películas al año, o se exhiban en distintas partes del planeta, no son los únicos distintivos del éxito de una cinematografía. Lograr estándares de calidad que le permitan competir a la par con las mejores producciones del mundo, en mercados internacionales, es otro gran requisito.

¿Cumplen nuestras películas con estándares de calidad internacional o nacional? Y digo nacionales porque el espectador dominicano sabe lo que es de calidad o no, en el cine. Ningún público puede subestimarse en este sentido. Como espectador, pero más como técnico, veo dos puntos claves donde la calidad de nuestras producciones sigue dando menos de lo que debe dar, una y otra vez: el guión y la dirección. Está demás decir que si estos dos pilares fallan, toda la estructura se tambalea, especialmente las actuaciones.

¿Por qué flaquean estos dos renglones?

Se debe a falta de especialización. Si queremos hacer películas de mejor calidad, se debe marcar una clara distinción entre el guión como producto de un oficio especializado, y la dirección también como otro oficio especializado. Las grandes industrias de cine son influyentes y exitosas gracias a la especialización. Lo curioso, en nuestro caso, es que los técnicos “below the line” (frase odiosa), están cada día más especializados, más pulidos en sus oficios. Eso se nota en la fotografía, el sonido, la colorización, etc., que en nuestras producciones son, en la mayoría de los casos, impecables.

Pero el guión es la pieza más importante de una película. Y sigue siendo nuestro gran dolor de cabeza. Está demás decir que sólo deberían escribir guiones los que han alcanzado la maestría de ese difícil arte. Pero el mundo no opera con esa facilidad. El asunto es que en nuestro país no hay censura previa. No debe haberla. ¿Cómo le dice el Estado a alguien que el guión no es su fuerte, o que no puede escribir sobre zombies, por ejemplo, porque el tema es trivial? Cada cual tiene el derecho de elegir qué realizar. Esa es la naturaleza del arte en una sociedad democrática. Lo que el Estado no tiene es la obligación de financiar cualquier disparate.

Así que una salida, quizá controversial, pero justa: como es dinero del Estado, éste sí tiene el derecho no de prohibir, pero sí de exigir que hasta que un guión no cumpla con estrictos controles de calidad, no debe pasar a producción, sea sobre zombies o sobre la Guerra de Abril. Y si la DGCINE debe aumentar los montos para “script doctoring” con el fin de optimizar la calidad de un guión, pues que así sea. Toda la industria depende de ello. Sin calidad consistente en nuestras producciones, todo el esquema perdería la columna vertebral y el gasto fiscal no debe justificarse.

Por otro lado, la mejor forma de ir resolviendo el problema es preparar a personas que sean única y exclusivamente guionistas porque simplemente tienen el talento para serlo. Creo firmemente que los buenos guionistas, como los buenos escritores, no se hacen, nacen. Luego pulen sus destrezas tras años de práctica y respeto a su oficio. Lo mismo sucede con los buenos directores. El éxito de las películas de un director como Steven Spielberg, por ejemplo, se debe a su talento como director y, en gran medida, también a que busca los mejores guionistas para sus producciones. Zapatero a su zapato. Naturalmente, hay grandes directores que son a su vez grandes guionistas, pero esa es la excepción, no la regla.

En general, debemos seguir haciendo el gran trabajo de educación que eleve la barra de la calidad a todos los niveles. Lamentablemente, el Artículo 34 ha opacado muchos de los temas todavía pendientes en la Ley de Cine, como la puesta en marcha de una Política Cinematográfica Nacional, que incluya la construcción de salas alternativas en las provincias, educación cinematográfica a nivel secundario, cursos continuos de apreciación cinematográfica para un público general, y otros mecanismos necesarios para armar una política coherente en materia de cine.

Con relación a esa esquema inexistente, la ley exige a la DGCINE, “Apoyar al Ministerio de Cultura en la definición de la política pública en el ámbito cinematográfico y audiovisual” (Capítulo II, Artículo 10, Numeral 1). La ley es muy clara sobre cuál es el rol del Ministerio, al que la DGCINE está adscrita, en la elaboración de una política cinematográfica. La articulación y extensión de ese instrumento es la que pondrá en perspectiva el camino que seguirá nuestra cinematografía en los próximos años.

Es en ese sentido que deben orientarse nuevos lineamientos, pues de ellos dependerán los procesos necesarios para que un cine de más calidad, integrado a un sistema educativo y cultural más amplio, se eleve por encima del actual.

Esa política debe incluir la articulación de estrategias más ambiciosas para atraer a más producciones extranjeras al país, aspecto que debe incentivarse con más ahínco pues la transferencia de tecnología es también vital para el progreso de nuestro cine, ahora más que nunca.

En lo concerniente al gasto fiscal, no estoy de acuerdo con algunos sectores en cuanto a reducir los montos de las exenciones. Modificar el Artículo 34 en ese sentido, por ejemplo, sólo servirá para gastar menos dinero en las producciones; para hacer menos películas. Eso puede resultar en una competencia por los pocos recursos existentes, que a la larga resultaría desastroso, generando un esquema de privilegios que podría echar abajo el esfuerzo titánico de casi veinte años.

Por otro lado, si no se corrigen los problemas creativos todavía inherentes a la producción de las cintas locales, ya mencionados, nuestras películas, pocas o muchas, seguirán estancadas en el mismo nivel de calidad, en su gran mayoría. Lo que necesitamos es hacer mejores películas y promoverlas. Sin promoción muchas de ellas desaparecen rápido y el público no sabrá jamás de su existencia.

Y aquí me detengo ante una anomalía que no se ajusta a los preceptos de la ley y que, inclusive, la violenta en sus disposiciones centrales: ¿por qué nuestras cintas no pueden recibir dinero del Estado para su promoción cuando la ley exige apoyo en todas las etapas vitales de una producción?

La Ley es clara y precisa en su Objeto (Capítulo I, Sección II , Artículo 2, Numeral 2):

“La promoción y el fomento de la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales, así como el establecimiento, tanto de condiciones que favorezcan su creación y difusión, como de medidas para la conservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual.”

Esta práctica incomprensible, de no apoyar la promoción y difusión de nuestras películas, antes de exhibirse en las salas, debe revertirse pues atenta contra la propia ley y el desarrollo saludable de nuestra cinematografía.

Al final, es el lema “más variedad, más calidad, más promoción” el que debe prevalecer. Es ahí donde está la clave del éxito permanente de nuestra industria de cine. Si no promovemos nuestras películas, aunque tengan calidad, jamás llegarán al público local e internacional que las aprecie. Eso incluye los mejores festivales del mundo, cuyos premios principales transforman una película en histórica, y privilegian a su nación. Esa debe ser la otra gran meta.

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