En estos días de tensión, la nueva gestión se encuentra bajo los ojos del mundo, y lo que se esperaba como una transición agitada, terminó siendo un mar de tensión “pacifica”.
A pocos días de haber iniciado su gestión, el Presidente Trump cumple con lo prometido de manera irregular, y, en vez de iniciar con la creación de medidas que perduren en el tiempo, inicia con la emisión de varias Órdenes Ejecutivas que no tienen ningún arraigo en el tiempo y son revocadas con particular facilidad.
Antes de adentrarme en el tema de la que sin duda es la Orden Ejecutiva más relevante, vamos a hablar de las Órdenes Ejecutivas y la naturaleza de las mismas. La Orden Ejecutiva es una orden legalmente vinculante, emitida por el Presidente de los Estados Unidos, en su calidad de cabeza de la rama ejecutiva de las agencias federales. Estas Órdenes Ejecutivas no son leyes, y la Constitución lo deja claro.
¿Puede una Orden Ejecutiva convertirse en ley?, la respuesta más simplista sería sí, pero la ejecución es mucho más complicada que ésta. Parte de la función esencial de la Orden Ejecutiva es poner en marcha una ley recientemente aprobada por el Congreso, en caso de que la Orden Ejecutiva involucre algún tipo de cambio que arrastre una persecución de presupuesto, esto conlleva a que el aumento de presupuesto de la agencia que lleve a cabo la Orden Ejecutiva pase por manos del Congreso, donde éste tendrá el deber de aprobar o denegar, hundiendo o salvando la Orden Ejecutiva de su posible ejecución.
Con esta serie de Órdenes Ejecutivas emitidas por el Presidente, la pregunta es la siguiente, ¿Son las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente, legales en su ejecución? –
Las Órdenes Ejecutivas como norma, son legalmente vinculantes, pero son revocadas y/o limitadas en su ejecución con cierta facilidad. A diferencia de las leyes, que al ser aprobadas por el Congreso tienen mayor fuerza de ejecución y son de más alcance que las Órdenes Ejecutivas.
¿Qué sucede con las Órdenes Ejecutivas emitidas recientemente por el Presidente Trump?
La puesta en acción de éstas depende puramente de la naturaleza de las mismas. Analicemos “La Orden Ejecutiva para Reforzar la Seguridad Fronteriza” – la construcción de la muralla- que se basa en el acto de 2006 “Secure Fence Act”, autoriza al Departamento de Homeland Security a construir cualquier estructura necesaria para proteger la frontera. La Orden misma dispone el reporte de todo el dinero que en algún momento los Estados Unidos le ha donado a México en los últimos cinco años. Otro punto en la orden es reforzar la frontera, por medio del aumento de los agentes fronterizos, la apertura de nuevos centros de detención, entre otras.
Sin duda esto afectaría la vida en el sur de los Estados Unidos. ¿Qué positivo puede salir de ésto? Los trabajos creados a partir de las medidas tomadas y afectará sin duda alguna a los dueños de tierras a lo largo de la línea fronteriza, siendo sus tierras constantemente invadidas, e incluso delimitadas fisicamente por la muralla.
Uno de los problemas principales que presenta la Orden Ejecutiva está en la ejecución, pues los fondos asignados a Departamentos como Homeland Security deberán ser aprobados por el Congreso. Y se estima que la construcción de la muralla está entre los 8-25 billones de dólares. El presidente asegura por todos los medios que el dinero será reembolsado por México por medio del 20% de impuestos a las importaciones, y que en el plazo de 2 años, el dinero será reembolsado. Ahora, no es de esperar la reacción de México en una decisión de ellos imponer un 20% a las importaciones de los Estados Unidos. Al final terminarán siendo los contribuyentes los que carguen con la construcción de la dichosa muralla.