La disolución de 72 años del Instituto Dominicano de la Seguridad Social, IDSS, mediante ley 397-19, y los 17 años del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, SDSS, suman una historia de 89 años de aportes y derechos adquiridos sin retorno, de los trabajadores dominicanos.
El manejo operativo del Sistema Dominicano de la Seguridad Social sigue igual que el del IDSS, sin control ni supervisión y la muestra es, que los trabajadores dominicanos siguen siendo excluidos del retorno de sus aportes y sus pensiones.
La disyuntiva que se presenta hoy es que también los Diputados y Senadores y los administradores de los fondos quieren hacer fiesta con esos recursos.
En la actualidad, el honorable señor Presidente de la República Danilo Medina, cumpliendo con su promesa, con un personal muy idóneo y profesional dirigidos por Montalvo el Ministro más serio y responsable en la historia de los gabinetes, están tratando de reubicar todo el personal del IDSS en otras dependencia del Estado, lo que es una labor ardua y lenta. Pero ese no es tan solo el problema sino que son 72 años de pago de los aportes y derechos adquiridos de siete millones de afiliados que se encuentran registrados en los archivos muertos y olvidados del IDSS, que me parece deben ser incluidos en un programa social operado por el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, a través del fondo de la solidaridad social que cobra un 0.5% de las cotizaciones y la apertura del bono de compensación del artículo 42 de la Ley 87-01.
El Consejo Nacional de la Seguridad Social, por tanto, debe también asumir una política de apertura con un programa definitivo del régimen subsidiado para evitar que el Presidente de la República y el Congreso Nacional sigan promulgando nuevas leyes que no van a resolver el problema de la Salud del Pueblo.
Son derechos adquiridos que reclaman el 58.6 por ciento de los trabajadores informales y miles de empleados públicos y privados que esperan que se les pague el bono de compensación del artículo 42 de la Ley 87-01, que para el año 2001, al promulgarse dicha ley tenían menos de 45 años que cotizaban mensualmente al Estado a travez del IDSS.
En cuanto al cobro de los tres mil millones en aportes, dejados de pagar por el empresariado dominicano y los Ministerios del Estado, esa acreencia no debe pasar al Ministerio de Hacienda, sino al Sistema Dominicano de la Seguridad Social, SDSS. para que les cubran realmente el seguro de vejez, discapacidad y sobre vivencia a todos los trabajadores.
El SDSS tiene que implementar el régimen subsidiado, para proteger a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo y a quienes estén sin empleo o discapacitados, que aparentemente lo hace SENASA, a instancia de Siuben una entidad creada por Decreto.
Debemos evitar que los Diputados Senadores y Políticos quieran seguir inventando con los fondos de los trabajadores dominicanos.
Los fondos de pensiones acumulados del SDSS, sobrepasan los 726,017.9 millones monto perteneciente a 4,178.809 afiliados y un 16.77 del PIB y sin embargo con el 9.97 % se cubren o financia la vejez, discapacidad y la salud, de todo el pueblo trabajador, lo que deja en entredicho el sistema operativo del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.
Figuren que solo la Administradora de Riesgos Laborales, tiene depositado en banco más de tres mil millones de pesos, y ese dinero no favorece a los trabajadores en programas sociales reales.
Es bueno resaltar, que el artículo 90 de la Ley 41-08 sobre Función Pública y los artículos 23 y 28 de la Ley 107-13 Sobre Relación de las Personas con sus Derechos, establecen que los Ministros, Directores etc de organismos descentralizados y centralizados, que incurran en daños y perjuicios por acción u omisión en una gestión dolosa o negligente deben resarcir el perjuicio causado.
POR LIC. JAIME U. FERNANDEZ LAZALA