EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados decidió este miércoles frenar nuevamente el proyecto de ley que busca regular los fideicomisos en República Dominicana y, en consecuencia, envió la pieza a una comisión especial para que se revisen detalles de la iniciativa antes de aprobarse.

Pero no es la primera vez que este proyecto se queda sin consenso en el hemiciclo ya que en la sesión del martes también fue detenido por no contar con los acuerdos requeridos y hace meses también fue frenado porque los diputados opositores presentaron decenas de rechazos a la pieza.

El proyecto que buscar regular los fideicomisos, autoría del Poder Ejecutivo, fue aprobado a principios de mayo en el Senado y desde esa fecha no ha encontrado un consenso entre todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, por lo que está expuesto a perimir en la próxima legislatura.

En su último conocimiento, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Juan Julio Campos, fue quien pidió que el proyecto sea analizado otra vez, pero en una comisión especial distinta para así descartar errores y conocer nuevos detalles de la pieza.

El proyecto que ya aprobaron los senadores fue enviado por el Poder Ejecutivo después de las ácidas críticas que lanzó la población en contra de algunos artículos del fideicomiso a la termoeléctrica Punta Catalina, lo que llevó a que el mandatario paralizara el curso de la pieza para revestir de legalidad los fideicomisos en el país.

En su artículo seis, el proyecto deja claro que los fideicomisos sólo serán sometidos en el país si así lo dispone el Poder Ejecutivo mediante un decreto y agrega que los legisladores serán los encargados de revisar los contratos en caso de que se someta alguna enajenación de los bienes del país.

Asimismo, la iniciativa dispone que para todo fideicomiso público deberá existir un comité técnico que lo maneje, un equipo que deberá tener cinco miembros como máximo y que deberá ser conformado mediante decreto presidencial.

También, según el proyecto, los procesos para la selección de proveedores, la adjudicación de contratos relativos, la prestación de servicios y la adquisición de bienes deberá hacerse mediante los estándares de la ley de Compras y Contrataciones Públicas.