De acuerdo a Carabineros (policía militarizada), los 15 sujetos que protagonizaron el ataque incendiario en un recinto ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Temuco iban armados y amenazaron a guardias de seguridad y conductores antes de llevar a cabo la quema de los vehículos estacionados.
De los 18 camiones afectados, que prestaban servicios para las empresas Lucchetti y CCU, al menos 13 quedaron completamente destruidos, precisó la institución.
Según informó la radio local Bío-Bío, el atentado ocurrió a eso de las 02.00 hora local (05.00 GMT) en el sector de Pichiquepe, en el municipio de Padre Las Casas.
El parte policial aseguró que fue uno de los guardias del establecimiento privado que huyó para dar aviso a Carabineros del ataque, que habría sido perpetrado por el colectivo mapuche Weichan Auka Mapu.
En el lugar se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche, explicó a la prensa la intendenta regional Nora Barrientos, quien aseguró que esta misma agrupación se adjudicó la reciente quema de capillas en la zona, así como una treintena de acciones violentas el años pasado.
«Creemos que algunos de sus miembros están detenidos y esa puede ser una de las razones para que esto ocurra», sostuvo la autoridad.
Weichan Auka Mapu es un movimiento de resistencia que busca desde 2013 reivindicar la causa mapuche y condenar la ocupación de tierras ancestrales que pertenecieron a ese pueblo indígena y que ahora están en manos de agrícolas y forestales que las explotan.
El Gobierno anunció una querella contra los responsables del ataque, después de que la Fiscalía tipifique el delito.
Más temprano, organizaciones de transportistas y camioneros solicitaron una reunión con autoridades gubernamentales, con el propósito de manifestar su descontento con lo ocurrido y exigir más seguridad en la zona.
En La Araucanía, una de las regiones más pobres del sur de Chile, los indígenas ocupan unas 600.000 hectáreas, 5 % de las tierras heredadas de sus familiares y una sexta parte de lo que poseen las compañías forestales.
El conflicto, que se extiende por décadas, ha derivado en la muerte violenta de varios comuneros, donde mujeres y niños han sido víctima de violencia desmedida por parte de la Policía, además de la muerte de agricultores y miembros de Carabineros.
Lo anterior sumado a una cantidad de ataques incendiarios a propiedades, bosques y vehículos, con decenas de indígenas procesados y condenados por esos hechos, a veces bajo pruebas «insuficientes», reclaman organizaciones de derechos humanos.
Las comunidades mapuches han denunciado por años al Gobierno un estado de militarización de sus comunidades y una permanente discriminación que los afecta.
Por EFE
