EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), publicó un análisis que asegura que la problemática del financiamiento de partidos políticos tanto en la mayoría de los países de la región como en República Dominicana, no está en una falta de legislación, sino en la falta de mecanismos de control público, político y jurídico.
El informe “El financiamiento de partidos políticos y campañas electorales en República Dominicana: problemática y solución”, de la autoría de Vladimir Rozón García, Coordinador Unidad de Partidos Políticos (UPP) del OPD, explica que las causas directas del desbordamiento de la actividad política, a partir del cual el dinero se ha convertido en su actor principal, son: las campañas políticas débilmente reguladas, la falta de límites a los gastos electorales y de una fiscalización permanente; la ausencia de una verdadera garantía, tanto de la transparencia como de la divulgación de la información financiera de los partidos, y la carencia de mecanismos de contrapeso como por ejemplo organismos ciudadanos destinados a participar activamente en la supervisión y control del funcionamiento de las agrupaciones políticas.
Propuestas del estudio
De acuerdo con la investigación, la acción primera para enfrentar esta problemática es la voluntad política de todos los actores que intervienen en este proceso. Seguida de medidas que han sido replicadas con éxito en otros países de Latinoamérica y a lo que República Dominicana debe aspirar incluir en su legislación.
Las soluciones que propone el documento son: reducir la campaña electoral y los gastos electorales; impulsar otros métodos de recaudación de fondos; crear o fortalecer los órganos de control y de supervisión de las fuentes de financiamiento de los partidos; crear mecanismos de contrapeso; transparentar el financiamiento privado y fortalecer los mecanismos de control del financiamiento público.
Reducir la campaña
“Acortar la duración de la campaña y establecer mecanismos de cumplimiento de la propia norma, mediante el otorgamiento de facultades a la Junta Central Electoral (JCE) para supervisar y sancionar de manera drástica a quienes violen dicha disposición, y recortar los gastos electorales a través de una reducción de los costos de campaña, como son la publicidad pautada en los medios de comunicación, los anuncios en vallas, carteles y volantes, los mítines y concentraciones políticas y, ante todo, la compra de votos”, indica el investigador.
El estudio enfatiza que la segunda medida es que los partidos estén obligados a crear actividades de fomento y promoción para la cooperación política entre sus seguidores, empezando por solicitarle el aporte de cuotas mínimas o bien contribuciones en la medida de sus posibilidades, siempre que el proceso sea transparente y dichas donaciones sean de conocimiento público y de posible verificación por la JCE. De tal modo que los partidos puedan contar con una vía de ingresos alterna y de fácil escrutinio.
Control y supervisión
El tercer mecanismo que se resalta en el informe es crear o fortalecer los órganos de control y de supervisión de las fuentes de financiamiento y de las cuentas de los partidos a través de “auditorías sorpresas” y la política “ojos en todos lados” ya que los organismos electorales deben establecerse como responsables naturales de la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas. Pero de igual manera, se hace necesaria la participación e inclusión del actor civil.
La JCE debería realizar ‘auditorías sorpresa’, como contraparte a una evaluación permanente de los movimientos de dinero en las agrupaciones políticas.
