EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varias entidades vinculadas a la lucha contra la corrupción y a la defensa de los derechos humanos informaron este lunes que invitaron al fiscal de Milán, Isidoro Palma, a venir al país, a fin de continuar la investigación sobre la participación del grupo italiano Maire Tecnimont en la supuesta corrupción de Punta Catalina.
En una rueda de prensa realizada en la explanada de la Procuraduría General de la República, Enrique de León, quien fungió como vocero de las entidades, manifestó que a mediados de abril, la Fiscalía General de Milán, abrió una investigación sobre la participación del Grupo Maire Tecnimont en los presuntos actos de corrupción cometidos en el proyecto de Punta Catalina.
Agregó que durante esa investigación la policía financiera italiana allanó las oficinas de esta empresa en Roma y Milán, incautando equipos y documentos relacionados con el caso.
“Tecnimont ha construido plantas semejantes a Punta Catalina, pero la de aquí le ha costado al Estado dominicano tres veces lo que ha costado en países como Chile y Brasil. Entonces, el fiscal Palma está preguntándole a los ejecutivos porqué allí cuesta una cantidad y aquí cuesta tres veces. Si es así, hay una evasión al fisco italiano”, indicó de León.
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Añadió que la investigación del fiscal Palma también busca examinar si existe “un sistema de complicidad entre esta empresa italiana (Tecnimont) y las autoridades dominicanas”.
Las organizaciones indicaron que el fiscal de Milán ha solicitado a la Procuraduría General de la República que interrogue a numerosas personas sobre esta situación, y que, presuntamente, la institución no ha respondido.
“Nosotros queremos que la Procuraduría colabore con el fiscal italiano”, indicó de León.
De su lado, Carlos Briceño del colectivo Marcha Verde informó que harán una vigilia el viernes 21, fecha en la que se dará sentencia sobre caso Odebrecht. Agregó que todos deben ir a juicio de fondo por el caso de soborno.
Las entidades que piden al fiscal Palma continuar las investigaciones son el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y la Marcha Verde.
