EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), dijo que durante el año que se inicia la República Dominicana debe enfrentar grandes retos como alcanzar un país más seguro, con una justicia más accesible, efectiva y eficiente en el castigo a la criminalidad organizada y sobre todo en el marco de una sociedad con mejores controles institucionales para prevenir la corrupción y la impunidad.
El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán cita que, en ese marco, se hace urgente la modificación sustancial de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que fortalezca el sistema nacional en esta materia.
Explica que los estudios y diagnósticos recientes, tanto a nivel nacional como internacional, indican que mientras no se cambie esta legislación, el país seguirá pagando un alto costo de deterioro de su imagen internacional como no competitivo, y de que carece de la capacidad para controlar, investigar y castigar la corrupción pública que sostiene el modelo político clientelista.
Según el ejecutivo de Finjus, existen debilidades, vacíos y distorsiones en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas que estimulan la corrupción público-privada y dificultan la creación de una cultura de transparencia y gestión eficiente de los recursos públicos.
Detrás de cada escándalo judicial, la ciudadanía ha visto que existe una violación flagrante de las normas que deberían regular los mecanismos de control, supervisión e investigación de los actos de la administración pública en sus diferentes vertientes, dijo Castaños Guzmán.
Plantea para este 2018 es imprescindible que se produzca un cambio sustancial en la efectividad del sistema de justicia para investigar, acusar y condenar los casos criminales más importantes, en especial los que están vinculados con el crimen organizado en sus diferentes modalidades de narcotráfico, corrupción y otros elementos que ponen en peligro la seguridad jurídica, la convivencia pacífica y el desarrollo económico y social del país.
Dijo que es esencial que los casos emblemáticos, tales como Odebrecht, CORDE, CEA y la OMSA, entre otros, sean juzgados apegados al debido proceso, pero con el resultado de que los responsables reciban las penas que las leyes establecen
A su juicio, es urgente que el nuevo Código Penal sea aprobado en el Congreso de la República y se alcance una solución satisfactoria al tema de la interrupción del embarazo en base a las causales establecidas, de manera que la sociedad cuente con una ley moderna que permita tipificar una serie de nuevos delitos que hoy permanecen impunes y sus responsables reciban las penas correspondientes.
En materia de seguridad ciudadana. dice Castaños Gumzmán, es impostergable sea reforzada mediante la adopción de un nuevo Plan Nacional de Seguridad, que permita fortalecer la Policía Nacional y convertirla en el órgano responsable de prevenir e investigar la criminalidad, con profesionalidad, integridad y acorde con los mandatos de su nueva Ley Orgánica.
“Este reto será superado en la medida en que los programas de mejora y reorganización de la Policía se incrementen y se realicen todas las evaluaciones, depuraciones y ajustes que son necesarios para que este órgano recupere la confianza plena de la sociedad”, añadió.
Propiciar consenso para Ley de Partidos Políticos
Finjus considera se requiere urgentemente que, en base a un gran consenso con la participación de todos los sectores, en el 2018 se aprueben las nuevas Leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas y del Régimen Electoral, debido a que ellas influyen de manera decisiva en la transparencia, confiabilidad y el juego limpio que deben sostener nuestro régimen democrático.
Otro gran reto para el 2018 es que el Poder Judicial realice todos los cambios y reformas que fueron adoptadas en la Cumbre Judicial de finales del 2016, para que la independencia interna y externa de la judicatura sean fortalecidas y la judicatura se convierta en un verdadero contrapeso del Poder mediante sus decisiones. En este mismo orden es preciso que el Ministerio Público refuerce su profesionalidad, su acción independiente en lo funcional y su capacidad de realizar acusaciones de calidad, sin temores ni condicionamientos.
A juicio del vicepresidente ejecutivo de Finjus, si el Estado y la sociedad se organizan y coordinan para superar estos retos, la República Dominicana en la que viviremos al final del 2018 estará más cerca del ideal de nuestro ordenamiento constitucional y legal, en beneficio de la consolidación institucional del Estado y el desarrollo social y económico de todos.
