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12/3/2008
Departamento de Estado EEUU
Informe sobre Derechos Humanos en República Dominicana

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La República Dominicana es un país de democracia constitucional, con una población de aproximadamente 9,4 millones de personas, incluidos cientos de miles de haitianos indocumentados. En 2004 el Presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue elegido para un segundo término, y en 2006 el PLD ganó en las elecciones mayorías en ambas cámaras del Congreso.

los observadores evaluaron las elecciones como libres y justas en general. Mientras que las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente.

A pesar de que el gobierno en materia de derechos humanos mejorado en cierta medida, persisten graves problemas: las ejecuciones ilegales, palizas y otros abusos de los sospechosos, detenidos y prisioneros; pobres a duras condiciones penitenciarias, la detención arbitraria y la detención de los sospechosos, un gran número de personas apátridas funcionalmente; generalizada

 La corrupción, el acoso de los grupos de derechos humanos, la violencia y la discriminación contra la mujer, la prostitución infantil y otros abusos de los niños, la trata de personas; grave discriminación contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, y desprecio de los derechos laborales fundamentales.

El respeto de los derechos humanos

Sección 1 Respeto a la Integridad de la Persona, Incluyendo Libertad de:

A. La privación ilegal o arbitraria de la vida humana

El gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato por motivos políticos, pero las fuerzas de seguridad participaron en los asesinatos de que muchos son ilegales, injustificados o implicados uso excesivo de la fuerza.

De acuerdo con la Oficina del Procurador General, aproximadamente 16 de cada 100 muertes violentas desde enero de 2005 las fuerzas seguridad están implicadas. La oficina redefinido la causa de estas muertes violentas de las fuerzas de seguridad de "intercambios de disparos de armas de fuego en el curso de un arresto" a la "muerte a manos de la policía en el ejercicio de sus funciones." De enero a agosto, el informe dice que la policía mató a 173 personas en ejercicio de sus funciones, aproximadamente el 13 por ciento de todas las muertes violentas.

 

Estos asesinatos se atribuyeron principalmente a la falta de formación y de rendición de cuentas y la supervisión mínima.

En julio los medios de comunicación informaron de una muerte como debido a la confrontación con las fuerzas de seguridad durante una huelga nacional, pero los detalles son vagos, y no hay confirmación de que las fuerzas de seguridad fueron responsables de esta muerte.

En agosto la policía disparó y mató a Rafael Concepción, dueño de un quiosco de apuestas, minutos antes de que presuntamente disparó contra un ladrón. Testigos presénciales informaron que la policía disparó a quemarropa mientras estaban detenidos, a pesar de que parecía cooperativa.

El inspector general nombró una comisión para investigar el caso y detuvieron a los agentes de policía implicados en el tiroteo.

A diferencia del año anterior, el director de la prisión no informó de muertes por negligencia en el sistema penitenciario.

Los derechos humanos de organizaciones no gubernamentales (ONG), al tiempo que reconoce que la situación mejoró ligeramente durante el año, afirmó que, como en años anteriores, la policía siguió a emplear la fuerza letal injustificable contra presuntos delincuentes.

En enero de tribunales condenaron a penas de prisión de 10 a 20 años cuatro de los ocho oficiales del ejército acusados de la muerte de 25 haitianos que eran transportados en la parte trasera de un camión a través de la frontera en 2006.

No había información disponible acerca de la disposición de los 2006 casos de dos sargentos de policía acusados de homicidio en la matanza Luis Manuel Ventura, de dos agentes de policía acusados del asesinato de Elvin Amable Rodríguez, o los dos ex policías acusados de asesinar a un 12 -- Años de edad, su tía, y un supuesto penal en el año 2005.

En varias ocasiones, los presuntos delincuentes atacaron a los ciudadanos en el estilo de vigilantes de represalias por hurto, robo, o robo. En febrero, en Yaguate, San Cristóbal, una multitud torturó y asesinó dos presuntos ladrones. Estos incidentes se atribuyeron a un aumento de la delincuencia y la incapacidad de las fuerzas de seguridad para detener o combatir estos delitos.

B. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.

En mayo el Ministerio Público anunció que reabrir una investigación sobre el caso del asesinado periodista Narciso González, quien desapareció en 1994, presuntamente después de criticar al gobierno. Hubo denuncias creíbles de que fue detenido por agentes de inteligencia.

C. La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Aunque la ley prohíbe la tortura, las palizas y los abusos físicos de detenidos y presos, los miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la policía, siguió esas prácticas. El Fiscal General de la Nación informó de que la policía estaban involucrados en incidentes que resultaron en la mutilación o graves heridas a civiles desarmados. Sin embargo, las mejoras en la supervisión y la toma de conciencia condujo a la percepción de que la policía estaba de hecho haciendo esfuerzos para reducir los incidentes de abuso físico de los detenidos. No obstante, las organizaciones de derechos humanos declaró que uniformados vigilantism persisten sobre una menos que mortal.

La ley prevé penas para la tortura y el maltrato físico, con condenas de 10 a 15 años de prisión. A veces los fiscales civiles presentaron cargos contra los funcionarios policiales y militares alegando tortura, abuso físico, y los delitos conexos. Autoridades enviadas nuevos casos de tortura y malos tratos a civiles en vez de tribunales penales de policía tribunales.

Altos funcionarios de la policía tratan de la prohibición sobre la tortura y el maltrato físico grave, pero la falta de supervisión, la capacitación, y la rendición de cuentas en todo el cumplimiento de la ley y sistemas de correcciones socavar los esfuerzos para contener el problema. Aunque los observadores están de acuerdo en las condiciones han mejorado un poco debido a un aumento de los funcionarios penitenciarios profesionales, grupos de derechos humanos y los presos informaron de los abusos físicos de los detenidos. Algunos observadores creen que los funcionarios penitenciarios carecen de la disciplina, y la cohesión del personal militar que han sustituido eran más propensos a la insubordinación y el maltrato de los reclusos.

En julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, presentó una denuncia contra la policía en relación con el caso de Javier Vicente Reyes Segura, que según informes de prensa en Santiago, una patrulla de la policía comenzó a disparar contra su vehículo. Cuando Reyes se dieron cuenta de que era la policía disparando, se detuvo, salió de su vehículo, recibió sobre sus rodillas, y suplicó a la policía de no matarlo. En lugar de ello le dispararon a quemarropa en la pierna derecha, dejándolo incapaz de caminar.

No había información disponible acerca de un juicio de dos agentes de policía acusados de torturar a Dionisio Contreras en el 2006.

Hubo denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por miembros de las fuerzas de seguridad.

La oficina del fiscal de distrito supervisó el proceso de investigación para asegurar que los derechos de los detenidos se respetan en gran volumen en las estaciones de policía y en varias oficinas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La evidencia indica que los auxiliares fiscales, en ocasiones inadecuado aquiescencia a las prácticas policiales en vez de insistir en que se cambió para que se ajusten a las normas constitucionales.

Condiciones de las prisión y centro de detención

Las condiciones de las cárceles variaron de pobres a extremadamente duras en muchas cárceles, los presos, aunque con el nuevo modelo han experimentado mejores condiciones. Los informes de malos tratos a los reclusos y la violencia en las cárceles son comunes. Las prisiones son un grave hacinamiento, la salud y las condiciones sanitarias eran pobres, y en algunas prisiones estaban fuera del control de las autoridades y dirigidas de manera efectiva por bandas criminales armadas de los reclusos. Un sentimiento común entre los de prisiones es que si bien pueden controlar el perímetro, en el interior de la prisión de los internos a menudo sus propias reglas y tenía su propio sistema de justicia.

Las asignaciones presupuestarias para necesidades como la alimentación, la medicina y el transporte son insuficientes. La mayoría de los reclusos suplicó o compró para su alimentación en las cercanías de la prisión o lo obtuvo de los miembros de la familia. Los presos pagaron sobornos a los guardias, y los visitantes a menudo tienen que sobornar a los guardias de la prisión para visitar a los presos. Del mismo modo, los detenidos tuvieron que pagar sobornos para que se les permita asistir a la formación profesional que ofrece en algunas instalaciones. Funcionarios de prisiones han aceptado dinero a cambio de una recomendación que necesite un preso o para ser liberado por razones de salud. Las cárceles no suelen proporcionar una atención médica adecuada a los reclusos. Los reclusos inmovilizados con el VIH / SIDA o que padecen enfermedades terminales no fueron trasladados a hospitales.

Según la Dirección General de Prisiones, a unos 15400 prisioneros y detenidos estna en 35 cárceles con una capacidad de aproximadamente destina 9000. Prácticamente todas las prisiones experimentan hacinamiento extremo. La cárcel de La Victoria, la más grande del país, la cual tiene más de 3700 presos en un centro diseñado para 1600, con camas para 1800 reclusos. Funcionarios estimaron camas para 6300, dejando a más de 9100 reclusos durmiendo en el suelo.

Aunque un director que depende del fiscal general es técnicamente responsable de cada una de las cárceles, en la práctica, los oficiales de policía o militares (en general, nombrados por un período de sólo tres a seis meses y los responsables de la prestación de seguridad) están por lo general a cargo de la mayoría de las cárceles. Aproximadamente el 80 por ciento de los guardias de la prisión eran militares o agentes de la policía civil en lugar de los funcionarios de prisiones.

Hubo continuas denuncias de tráfico de armas y de drogas, la prostitución y los abusos sexuales en las cárceles.

Continuaron las secciones especiales dentro de las cárceles, donde los agentes de policía culpables de actividades delictivas, incluyendo algunos conocidos violadores de los derechos humanos, fueron internados.

Autoridades fiscales fueron al lugar clave de los archivos relacionados con el motín y el fuego 2005 que causó la muerte de al menos 136 reclusos en la prisión de Higuey, y las condenas no fueron obtenidos.

En general, las reclusas están separadas de los reclusos varones. La mitad del total de la población femenina se celebró en una cárcel sólo para mujeres. Las condiciones en la prisión de alas para las mujeres en general estaban mejor que los que están en la cárcel de alas de los hombres. Reclusas, a diferencia de los hombres, tenían prohibido recibir visitas conyugales. Los que dieron a luz durante su reclusión fueron autorizados a mantener a sus hijos con ellos durante un año.

Autoridades de los menores detenidos a menudo con la población penitenciaria general y, a veces tratados como adultos y menores de edad recluidos en la cárcel en lugar de centros de detención juvenil.

A causa de grave hacinamiento, las autoridades en muchas pequeñas instalaciones no trataron de separar a los presos según la gravedad del delito.

Presos preventivos junto con los condenados.

 

La Dirección de Prisiones estima en un informe de abril que sólo el 27 por ciento de los detenidos en la cárcel han sido condenados y el restante 73 por ciento se encontraban en prisión preventiva en espera de juicio. Más tarde en el año, el director de la prisión estima que esta cifra se redujo a aproximadamente 60 por ciento.

También hubo insuficiencia de los esfuerzos para separar y prestación de servicios a los enfermos mentales, especialmente en las prisiones tradicionales.

Las autoridades de la prisión siguieron renovando ciertas cárceles para crear "modelo"; que el envejecimiento de la mejora de la planta física de las instalaciones existentes, sustituyó a la policía y los militares de la administración con los funcionarios penitenciarios profesionales, bajo la autoridad del Ministerio Público, y se centró en la rehabilitación profesional y de Capacitar a los reclusos. En septiembre se inició la conversión de las autoridades y la remodelación de la prisión de Salcedo a un modelo de instalación. El fiscal general informó de que la incidencia de la corrupción dentro de estas las cárceles sigue siendo mínima. Sin embargo, esta mejora de algunos presos llegaron a expensas de los demás en el sistema, ya que cuando una instalación se convierte en una cárcel modelo, el exceso de los reclusos fueron trasladados a otros lugares, principalmente de La Victoria, el aumento de la tensión en la instalación que ya superpobladas.

El gobierno permite las visitas a las cárceles por observadores independientes de derechos humanos y por la prensa, y esas visitas tuvieron lugar durante el año.

D. Detención o prisión arbitrarias

A pesar de que el Código de Procedimiento Penal (CPC), prohíbe la detención sin orden judicial a menos que un sospechoso es detenido en el acto o en otras circunstancias limitadas, arresto y detención arbitrarios siguieron siendo problemas. Por ley las autoridades pueden detener a una persona sin cargos durante un máximo de 48 horas. Hubo numerosos informes de las personas detenidas y puestas en libertad posteriormente con poca o ninguna explicación de la detención.

Papel de la policía y el aparato de seguridad

La Policía Nacional, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la DNCD, la Autoridad de Seguridad Aeroportuaria (CESA), la Autoridad de Seguridad Portuaria (CESEP), la Autoridad de Fronteras (CESFRONT), y las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea y la armada) Formulario de las fuerzas de seguridad. El Ministerio del Interior y la Policía es la responsable de adoptar las decisiones de política que afectan a la fuerza de policía. Los militares de las responsabilidades domésticas son mantener el orden público y la protección de las personas y los bienes. Los militares, CESA, CESEP, y están bajo la CESFRONT secretario de las fuerzas armadas, el DNI y la DNCD, que tienen tanto el personal de la policía y los militares, informe directamente al Presidente.

Las fuerzas armadas continuó proporcionando tropas en apoyo de la Policía Nacional en sus patrullas nocturnas de Santo Domingo, Santiago y otras zonas del país.

Un nuevo jefe de la policía nombrado en agosto anunció una política de tolerancia cero a los abusos y violaciónes de los derechos humanos y dice que tiene tres prioridades: la mejora de la formación, el aumento de la transparencia, y la modernización de equipo e infraestructura. Sin embargo, desde el nombramiento del nuevo jefe, los informes de casos de cuestionable uso de la fuerza continuación.

La Unidad de Asuntos Internos llevó a cabo investigaciones de las acusaciones de falta grave contra los miembros de la Policía Nacional. Estos casos se referían a agresiones físicas, amenazas de muerte, el uso indebido de un arma de fuego, agresión verbal, asaltos, y robo. Para junio las autoridades expulsaron a 767 policías de la fuerza, además de los 2.233 previamente expulsado, por falta grave y acusado de más de 208 agentes por delitos cometidos mientras estaban de servicio, en comparación con 628 conclusiones de la mala conducta penal en los primeros 10 meses del año anterior.

En muchas ocasiones los agentes de policía trataron de solicitar sobornos de los individuos frente a la detención o la imposición de multas. Observadores de derechos humanos locales informaron de unas pocas ocasiones en las que las autoridades de inmigración redondeado haitianos y dominicanos-haitianos trabajadores de la construcción y otros trabajadores manuales, pero funcionarios del ministerio del trabajo informó de esto ocurrió con menos frecuencia que en el año 2006. Funcionarios de los grupos supuestamente tomó de piel más oscura o "el futuro de Haití" a las personas a los edificios vacíos, poco después se les pagaba para obtener dinero de ellos. ONG presunta corrupción entre los militares y los funcionarios de migración destacados en los puestos fronterizos y señaló que a veces estos funcionarios fueron cómplices en el tránsito ilegal de trabajadores haitianos en el país.

El Instituto de Dignidad Humana, una sucursal de la Policía Nacional, realizaron cursos de capacitación para agentes de policía. En la versión revisada del plan de estudios de policía, tanto los nuevos como los actuales agentes de los derechos humanos y civiles de formación, así como una mayor capacitación técnica. Además, la Academia de Policía incluyó un plan de estudios en relación con la política de uso de la fuerza, en el que algunos oficiales de policía recibieron capacitación en la participación de los sospechosos con menos letales.

La formación de los militares y la DNCD personal alistado y oficiales incluyen la instrucción sobre los derechos humanos. El Instituto Militar de Derechos Humanos, que ofrece cursos oficiales en materia de derechos humanos y regularmente enviado representantes a las unidades fronterizas para llevar a cabo la formación obligatoria en materia de derechos humanos.

Arresto y Detención

La Constitución establece que un acusado puede ser detenido hasta por 48 horas antes de ser presentado a las autoridades judiciales. Asimismo, prevé el recurso a los procedimientos de hábeas corpus para pedir la puesta en libertad de los ilegalmente detenidos. Todo preso detenido más de 48 horas sin ser acusados formalmente tiene derecho a presentar una petición de hábeas corpus. El presidente del tribunal en la audiencia de hábeas corpus está facultado para ordenar la puesta en libertad del recluso cuando el recluso ha sido detenido más de 48 horas sin ser acusados formalmente o cuando no hay suficiente prueba de un crimen aún más para justificar la detención. La decisión del juez de poner en libertad a un preso podrá ser objeto de apelación por el fiscal de distrito.

A pesar de las disposiciones anteriores, en ocasiones, la policía detuvo a los sospechosos para investigación o interrogatorio más allá de las 48 horas prescritas. Policía detuvo a menudo todos los sospechosos y los testigos de un crimen y utiliza el proceso de investigación para determinar las personas que eran inocentes y merecían ser puesta en libertad, y aquellos a quienes deberían seguir celebrando. Aun así, el éxito de audiencia de hábeas corpus reducido significativamente estos abusos.

Habida cuenta de la ineficiencia y de corrupción en el sistema judicial, un número importante concedido la libertad bajo fianza de los acusados no compareció en la corte para un juicio. Aunque sólo había concedido anteriormente a algunos acusados, la fianza se hizo más común en el marco del nuevo CPC, que obliga a la revisión judicial de las detenciones en un primer momento en una causa penal, pero el sistema resultó insuficiente para evitar que los acusados de desaparecer.

La ley exige que la prestación de un abogado a los acusados indigentes, pero la mayoría de los detenidos y los presos no pueden pagar los servicios de la defensa no tuvieron acceso a un abogado. La Oficina Nacional de Defensa Pública, con el apoyo de los donantes extranjeros, a condición de asesoramiento jurídico y representación a las personas indigentes, pero las limitaciones de recursos como resultado niveles inadecuados de dotación de personal. El gobierno continuó con su programa para capacitar a los defensores públicos sobre los cambios causados por la aplicación de la CPC y la ampliación de la formación de los fiscales. En cumplimiento de lo dispuesto por la ley, la Oficina del Fiscal General hizo mayor hincapié en la prestación de asistencia a las víctimas de delitos mediante la realización de casos civiles de las víctimas que no tienen los medios para contratar un abogado privado.

Policía siguió la práctica, aunque con menor frecuencia, de hacer redadas o esporádicas redadas en los países de bajos ingresos, alto índice de delincuencia comunidades, durante las cuales los individuos arrestados y detenidos sin orden judicial, supuestamente para luchar contra la delincuencia. Durante estas redadas, la policía detuvo a un gran número de residentes y se apoderaron de bienes personales de los detenidos.

Muchos sospechosos soportado largos detención preventiva. En virtud de la CPC el juez tiene autoridad para ordenar que un detenido permanezca en custodia policial entre tres meses y un año. Según la Dirección General de Prisiones, el promedio de disminución de la detención preventiva, pero normalmente es entre tres y seis meses. El tiempo servido en la prisión contados a completar una frase. El Ministerio Público puso en práctica un nuevo sistema de seguimiento de casos y que permite a los fiscales cumplir con mayor eficacia a la detención preventiva reglamentos y por ende, reducir el número de ocasiones en que el CPC se superaron los plazos.

Menores en el Departamento de Menores en la estación de policía de Villa Juana comúnmente se celebraron mucho más allá del límite de 12 horas para enviar el caso a la oficina del fiscal de distrito. La ley prohíbe el interrogatorio de los menores por parte de la policía o en la presencia de la policía, los fiscales y los jueces manejan los interrogatorios.

El fracaso de las autoridades penitenciarias para producir los acusados para las audiencias de los tribunales causado un porcentaje importante de juicio aplazamientos. Los detenidos a menudo tenían sus fechas tribunal aplazó debido a que no se tomaron de la cárcel al tribunal o porque su abogado, codefendants, o los testigos no aparecen. El gobierno carece de los fondos para el transporte de todos los acusados entre la prisión y los tribunales. A pesar de las protecciones adicionales para los acusados de la CPC, en algunos casos, las autoridades siguieron celebrando los reclusos más allá de los plazos de mandato, aunque no hay cargos formales contra ellos.

El poder judicial aplicado con éxito una serie de medidas para reducir la gran acumulación de casos penales en el antiguo CPC, y la Corte Suprema los jueces especiales asignados (tribunales de liquidación) dedicada exclusivamente a la resolución de las mismas. Además, el poder judicial establecido en el servicio judicial en las oficinas de La Vega, Moca, y de la Puerta Plata, que permitió asuntos urgentes que necesitan de un juez (como la obtención de una orden de detención o de búsqueda y la realización de arraignments) a la que asistirán a las 24 horas del día.

E. Denegación de un juicio público justo

La ley prevé un poder judicial independiente, pero se mantuvo en peligro la independencia judicial por prácticas corruptas. La injerencia de las entidades públicas, cuando esto ocurrió, tendido hacia pronunciamientos públicos en relación con los casos activos y procesamiento selectivo, en oposición a la intervención directa en los casos existentes. En algunas ocasiones, sin embargo, los jueces de los tribunales superiores tratado de influir indebidamente las decisiones de los tribunales inferiores.

El poder judicial incluye un 16 miembros del Tribunal Supremo, varios tribunales de apelación, tribunales de primera instancia, y los jueces de paz. Hay tribunales especializados que se ocupan de los impuestos, mano de obra, la tierra, y de menores. Un Consejo de la Magistratura de la Corte Suprema elige a los jueces sobre la base de factores como la reputación general y el tiempo en servicio, aunque la composición política del Consejo deja abierta la posibilidad de que el clientelismo nombramientos. Jueces de los tribunales inferiores son designados de la siguiente pasaje rigurosos exámenes de ingreso, la conclusión de un programa de capacitación, y la culminación exitosa de un examen.

La profesionalidad del poder judicial siguió mejorando, en gran parte como resultado de un programa intensivo de capacitación para jueces a la entrada, así como de educación jurídica continua. Sin embargo, la mayoría de los jueces fueron incapaces de manejar casos complejos, especialmente en los ámbitos del blanqueo de dinero y fraude.

El profesionalismo de los abogados que sigue siendo muy irregular, no formal con las normas mínimas para los abogados en general y miles de personas que conocen la ley sin el beneficio de la más mínima preparación académica. La Asociación Dominicana de Abogados sostenido contra una barra de examen. Defensores públicos y fiscales, sin embargo, fueron generalmente bien calificado; su particular las organizaciones requiere la aprobación de los exámenes objetivo para el empleo.

Procedimiento de prueba

La ley establece una presunción de inocencia, el derecho de apelación, y el derecho a enfrentar o hacer preguntas a los testigos. La ley establece el derecho del ciudadano a no ser privado de libertad sin juicio o formalidades legales o por razones distintas de las previstas por la ley, el derecho contra la autoincriminación, y el derecho a una defensa en un juicio imparcial y público. Los acusados tienen derecho a permanecer en silencio. Hubo denuncias creíbles de que las autoridades violan estos derechos, en algunos casos, pero se ha mejorado el cumplimiento de las garantías procesales como las autoridades se hicieron cada vez más familiarizados con las modificaciones de la CPC.

Aunque los tribunales militares y de policía ejercido previamente la jurisdicción exclusiva sobre los casos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad, los tribunales penales civiles manejan los casos de asesinatos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante el año.

Los presos y detenidos políticos

No hubo informes de presos o detenidos políticos.

Civiles Procedimientos judiciales

Hay sistemas judiciales separados para las reclamaciones en virtud del derecho penal, derecho civil y comercial, y la legislación laboral. Comerciales, civiles, laborales y de los tribunales presuntamente sufrido largas demoras en la adjudicación de los casos, aunque en general, sus decisiones se hacen cumplir. Al igual que en los tribunales penales, la indebida influencia política o económica en las decisiones de los tribunales civiles sigue siendo un problema.

Los ciudadanos pueden recurrir al recurso de amparo, una acción para pedir reparación de toda violación de un derecho constitucional, incluida violaciónes por los funcionarios judiciales. Sin embargo, este recurso fue utilizado en muy pocos casos, salvo por los sofisticados con un abogado.

F. Interferencia arbitraria con la privacidad, la familia y el domicilio o la correspondencia

La ley prohíbe la entrada arbitraria en una residencia privada, salvo cuando la policía se encuentran en la persecución de un sospechoso, o cuando un sospechoso es sorprendido en el acto de cometer un delito. La ley establece que todas las demás entradas en una residencia privada requieren de una orden de detención o la orden de registro dictada por un juez. En la práctica, sin embargo, la policía llevó a cabo registros e incautaciones ilegales, incluidos los allanamientos sin orden judicial en residencias privadas, en muchos barrios pobres de Santo Domingo.

Aunque el gobierno niega las escuchas telefónicas no autorizadas o utilizando otros métodos encubierta de interferir en la vida privada de las personas y las familias, los grupos de derechos humanos tales supuesta injerencia continua.

Sección 2 Respeto de Libertades Civiles, Incluye:

A. Libertad de Expresión y de Prensa

La ley prevé la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno generalmente respeta estos derechos en la práctica. Los individuos o grupos en general son capaces de criticar al gobierno en público y en privado, sin represalias.

Periódicos y revistas presentan una variedad de opiniones y críticas. Hubo ocho diarios, varios semanarios, y numerosos puntos de venta de noticias en línea. Editors en ocasiones se practica la autocensura, en particular cuando la cobertura podría afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios de comunicación, tales como los juicios subsiguientes después de los grandes fraudes bancarios 2003, dado que los bancos y los bancos de propiedad de prominentes familias de los periódicos.

En agosto el periódico Listin Diario publicó hace afirmaciones editoriales enérgicamente negado por Participación Ciudadana, un grupo de la sociedad civil local, la que se pidió la rendición de cuentas en el 2003 Banco Intercontinental (Baninter) caso de fraude. El principal acusado, el propietario de Baninter, que es también propietaria de Listin Diario.

Había muchos de propiedad privada de radio y televisión, de radiodifusión un amplio espectro de opiniones políticas. El gobierno controla una estación de televisión. Medios de comunicación internacionales se les permitió actuar libremente.

A diferencia del año anterior, el Consejo Nacional de Unión de Periodistas no registró ningún asesinato de periodistas en el país, sin embargo, se informó de que los funcionarios, la policía, y las autoridades militares, los delincuentes, y otras personas asaltado o amenaza de más de 40 periodistas durante el año . Entre enero y junio, la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras informó de más de 25 amenazas de violencia física contra los periodistas o los ataques a las noticias organización en la que los responsables suelen ser las fuerzas de seguridad. El gobierno no ha hecho lo suficiente para investigar las amenazas de violencia o de agresiones físicas contra periodistas, pero un tribunal rechazó una apelación por Vladimir Pujols y reafirmó su condena de 30 años para el 2004 el asesinato del periodista Juan Andujar. Un tribunal también condenados las personas que participan en el 1975 el asesinato del periodista Orlando Martínez.

Internet Libertad

No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a la Internet o los informes que el gobierno supervisado por correo electrónico o salas de chat de Internet. Las personas y los grupos pueden participar en la expresión pacífica de opiniones a través de la Internet, incluso por e-mail.

La libertad académica y eventos culturales

No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o eventos culturales.

B. La libertad de reunión y asociación pacíficas

Libertad de reunión

La ley prevé la libertad de reunión, pero al aire libre marchas y reuniones públicas requieren permisos, que generalmente el gobierno concedió. En algunas ocasiones, los oficiales de policía utilizó la fuerza para disolver manifestaciones espontáneas y heridos manifestantes o transeúntes.

Libertad de Asociación

La ley prevé la libertad de asociación, y el gobierno generalmente respeta este derecho en la práctica.

C. Libertad de Religión

La Constitución establece la libertad de religión, y el gobierno generalmente respeta este derecho en la práctica. La ley prohíbe la discriminación por motivos religiosos, y muchas confesiones religiosas se activa.

La Iglesia Católica no gozan de privilegios especiales extenderse a otras religiones, en virtud de un concordato. Por ejemplo, el cardenal tiene el rango militar de un oficial general, y hay una capilla católica en el palacio presidencial. La Iglesia Católica también recibió fondos públicos para sufragar algunos gastos de la iglesia, tales como la rehabilitación de las instalaciones de la iglesia.

Social de los abusos y la discriminación

No se informó de abusos de la sociedad o la discriminación contra los miembros de grupos religiosos. La comunidad judía es muy pequeña, y no se informó de actos antisemitas.

Para una discusión más detallada, ver el 2007 Informe sobre Libertad Religiosa Internacional.

D. Libertad de Movimiento, los desplazados internos, de Protección de los Refugiados y Apátridas

La ley establece la libertad de circulación dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respeta estos derechos en la práctica, sin embargo, hay algunas excepciones. Locales e internacionales, grupos de derechos humanos informaron de que cientos de miles de personas sin la debida documentación, incluidos los migrantes haitianos, los obstáculos que enfrentan en viajar tanto dentro como fuera del país.

La ley prohíbe el exilio forzoso, y no se informó de su uso.

A pesar de que el gobierno alegó que ya no practica la deportación en masa, todavía hay denuncias de incidentes de repatriación masiva. La nueva autoridad de control de las fronteras informó de que los haitianos repatriados 11.000 entre septiembre y noviembre. Hubo informes fidedignos de que en la mayoría de estos casos, el gobierno no siguió el debido proceso, a pesar de los términos de un acuerdo bilateral con Haití en relación con la repatriación de los haitianos indocumentados.

Protección de los Refugiados

La ley prevé la concesión de asilo o el estatuto de refugiado de conformidad con la Convención de Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967, pero el gobierno no ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados. En la práctica, el gobierno proporcionó protección contra la devolución, el retorno de personas a un país donde hay motivos para creer que temía la persecución. Esta protección se aplica por lo general a las personas que consiguieron acceder a los refugiados y el proceso se ha publicado la prueba de que los refugiados que estaban o habían solicitudes pendientes. Sin embargo, el gobierno no se aplican las normas convenidas con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados para mejorar la recepción y resolución de las reclamaciones de los refugiados.

El solicitante de la condición de refugiado deben ser remitidos por la Oficina Nacional de los Refugiados, en la Dirección de Migraciones a la Subcomisión Técnica de la Comisión Nacional para los Refugiados, que es presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El subcomité tiene la responsabilidad de hacer una recomendación a la comisión, compuesta por miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, el DNI, y la Dirección de Migración. La comisión tiene la plena responsabilidad de la decisión final sobre la solicitud, pero sólo se reunió una vez durante los últimos 13 años. La comisión incluye a los tres miembros de la subcomisión, el asesor jurídico del presidente, y los miembros de la Policía Nacional, el Ministerio de Trabajo, y la Oficina del Procurador General.

En octubre de la Dirección de Migración informó de más de 300 solicitudes, casi todos realizados por haitianos. Algunos de estos casos habían estado a la espera de decisión desde el año 2000. Según el Servicio Jesuita a Refugiados, una organización no gubernamental, miles de solicitantes de asilo han presentado reclamaciones que no han sido procesadas, lo que deja a las personas en un estado de limbo jurídico. La mayoría de estas personas carecían de la documentación suficiente para obtener el permiso para trabajar legalmente y de ejercer otros derechos, como la obtención de la documentación para sus hijos.

El Comité de Refugiados Políticos Unificado para la continuación de sus derechos de informar de que la aplicación de los refugiados haitianos a renovar los documentos de residencia válidos fueron deportados a veces cuando los funcionarios de inmigración no han podido localizar a sus registros en la base de datos del gobierno inexacta.

1951 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, se dispone que los hijos de los refugiados también tienen derecho a la condición de refugiado. Hubo informes de que los niños nacidos de refugiados haitianos - incluso los nacidos de los titulares de documentos de la migración - se les deniega sistemáticamente los certificados de nacimiento, así como la educación, la salud, la seguridad y la documentación. A este respecto, que recibieron el mismo tratamiento que cualquier migrante indocumentado haitiano.

 

Apátridas

La Constitución dispone que toda persona nacida en el país es un ciudadano, salvo en los niños nacidos a los diplomáticos ni a los "en tránsito". Sin embargo, los niños nacidos de padres de ascendencia haitiana en el país periódicamente se denegó la inscripción de ciudadanos en virtud de la excepción de tránsito, incluso cuando sus padres y abuelos habían residido en el país durante largos períodos de tiempo. En 2005 el Tribunal Supremo dictaminó que el estatuto de tránsito aplicada a los hijos de migrantes indocumentados.

Los consulados de Haití informaron de que estaban legalmente autorizados a registrar sólo los nacimientos que fueron declarados dentro de un año. Los padres de declarar el nacimiento se debe presentar formas válidas de identificación, a fin de presentar una reclamación. Estos requisitos no pueden ser atendidas por un número importante de descendientes de haitianos en el país, y por lo tanto sus hijos permanecieron indocumentados. En consecuencia, miles de personas nacidas en Dominicana de ascendencia haitiana se funcionalmente apátridas; una estimación, el número de entre 600000 y un millón de personas.

Los dominicanos y dominicanas de origen haitiano descenso de las personas que carecen de documentos de identidad o ciudadanía enfrenta obstáculos en viajar tanto dentro como fuera del país. Además las personas que están indocumentados no pueden obtener la tarjeta nacional de identidad (cédula) o una tarjeta de votación. Las personas sin cédula tienen un acceso limitado a empleos en el sector formal, la educación superior pública, el matrimonio y el registro de los nacimientos, los servicios de la economía formal, como los bancos y los préstamos, acceso a los tribunales y los procedimientos judiciales, y la propiedad de la tierra o los bienes.

Los funcionarios del Gobierno tomó medidas enérgicas a menudo relacionados con la ciudadanía para las personas de ascendencia haitiana. En marzo de la Junta Central Electoral (CCE) ordenó a los funcionarios que se abstengan de emitir, firmar, el nacimiento y la copia de los documentos de las personas cuyos padres son extranjeros y no han demostrado legalmente su residencia. Esto dio lugar a los casos de cancelación de retroactivos de nacimiento y documentos de identidad, muchos relacionados con las personas de ascendencia haitiana. El gobierno dijo que tales anulaciones se basaron en los certificados de pruebas se habían obtenido fraudulentamente y que participan 300 padres de ascendencia haitiana. Sin embargo, los críticos alegaron que la revocación orientados personas cuyos padres son haitianos o cuyos nombres sonaban haitiano. ONG informó de algunos casos de los menores de 18 años que de inflexión, cuando se solicitó una cédula, ha cancelado sus certificados de nacimiento en el libro de registro y su solicitud de la cédula de votación y la tarjeta niega, sin embargo, el Comité Mixto de Educación dijo que los funcionarios no sabían de los casos de este tipo . Las organizaciones no gubernamentales también informaron de que los funcionarios del gobierno intensificó esta práctica durante el año.

En marzo, el Comité Mixto de Educación creó un sistema de registro que permite que los niños nacidos en el país de padres que no eran residentes legales para recibir un certificado de nacimiento. Se trata de un libro de registro para extranjeros. Reglamento estipula que los niños nacidos de padres que no son residentes legales del país y tener la documentación de su país de origen pueden registrar a su hijo en el libro, después de que los padres se dará un informe oficial de nacimiento, lo que no confiere la ciudadanía. Sólo los niños nacidos en los hospitales son elegibles para la inscripción en el libro. Los hijos de madres indocumentadas se dan certificados de nacimiento provisional hasta que la madre obtiene sus documentos. Un indocumentados madre podrá hacer una declaración tardía en el registro civil mediante la presentación de sus padres los certificados de nacimiento. Sin embargo, la mayoría indocumentados madres no pueden cumplir con este requisito también como sus padres no tenían documentos.

En octubre el Comité Mixto de Educación negó Norberto Selvi una copia de su certificado de nacimiento. America, nació y creció en San Luis, había un pasaporte, pero necesitaba un nuevo certificado de nacimiento. La prensa informó de que un juez ordenó que el Comité Mixto de Educación Selvi no se les expedirá un certificado de nacimiento, como sus padres eran haitianos.

Las ONG locales informaron de que desde la aplicación del extranjero el libro, los hospitales y los registros civiles no se registraron numerosos hijos de padres haitianos.

En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el gobierno había violado el derecho a la nacionalidad dominicana a dos jóvenes de las niñas de ascendencia haitiana por negarles los certificados de nacimiento. En marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo a la corte que el gobierno había hecho el tribunal de instrucciones de pago a las dos niñas, pero no hubo novedades con respecto a la concesión de la nacionalidad.

Sección 3 Respeto de los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno

La ley ofrece a los ciudadanos el derecho de cambiar su gobierno pacíficamente, y los ciudadanos ejercen este derecho en la práctica a través de periódicas, libres, justas y elecciones que se celebraron sobre la base de casi el sufragio universal. Active-policías y los militares que no pueden votar o participar en la actividad política partidista.

Elecciones y participación política

En 2004 candidato PLD Leonel Fernández ganó la presidencia en una elección general, se describe como libre y justo por la Organización de los Estados Americanos, observadores independientes, el gobierno y la junta electoral. Los observadores también describió el 2006 el Congreso y las elecciones municipales en general como libres y justas.

Por ley los partidos deben reservar para las mujeres el 33 por ciento de los puestos en sus listas de candidatos para la Cámara de Representantes y los ayuntamientos, en la práctica las partes a menudo las mujeres de baja en las listas. Había dos mujeres en el Senado de 32 miembros, 33 mujeres en los 178 miembros de la Cámara de Representantes, tres mujeres en el gabinete, y cinco mujeres en los 16 asientos del Tribunal Supremo.

Gobierno de la corrupción y la transparencia

La ley prevé sanciones penales por la corrupción oficial, pero el gobierno no aplicar la ley de manera eficaz, y los funcionarios que participan en prácticas corruptas con la impunidad. Según el Banco Mundial los indicadores de la gestión pública en todo el mundo, la corrupción gubernamental es un problema grave.

Los funcionarios del Gobierno ante una serie de los sectores público y privado a juicio los casos de corrupción, aunque parece haber una renuencia a investigar en serio y prepararse para el juicio los casos de altos funcionarios del Gobierno, ya sea de la actual o anterior gobierno. En los casos que fueron a juicio, la fiscalía habían tenido poco éxito en la obtención de cualquiera de las condenas o penas de prisión. El uso de nonjudicial sanciones, como la destitución o el traslado, en contra de los miembros del servicio armado, los agentes de policía, y otras de menor a los funcionarios encargados de tomar soborno y otras conductas corruptas acelerado, pero en última instancia siempre insuficiente incentivo para comprobar la pequeña corrupción generalizada. Sociedad de la generalizada actitud de tolerancia hacia por lo menos algunas formas de corrupción complica el problema.

Una comisión presidencial para la ética y contra la corrupción siguió funcionando, aunque con poco o ningún impacto, ya que carecen de autoridades bien definidas y estructuras de toma de decisiones. La oficina del inspector general del poder judicial, encabezada por el presidente de la Corte Suprema, eliminado varios jueces de menor rango de irregularidades.

Los procesos judiciales relacionados con el fraude basado en 2.003 colapso de Baninter concluyó en octubre con la condena de tres acusados. De la sociedad civil consideran el juicio, que comenzó en mayo de 2006, siendo un importante desafío a la impunidad; dos de los principales acusados, el ex presidente de Baninter Ramón Báez Figueroa y el economista Luis Alvarez Renta, según se informa, había fuertes vínculos dentro de los círculos políticos locales. El tribunal condenó a los dos acusados a 10 años de prisión y un tercero a ocho años.

La ley requiere que el presidente y vicepresidente, los miembros del congreso, algunos jefes de los organismos, y otros funcionarios como alcaldes y miembros del consejo, así como el impuesto sobre la renta y derechos de aduana coleccionistas, hacer declaraciones de su inventario de bienes inmuebles y personales dentro de un Mes de su contratación y cuando se "pongan fin a sus responsabilidades." No obstante, el cumplimiento es irregular, la verificación insuficiente, y la información requerida no fue especialmente útil. El Departamento de la Fiscalía de la Corrupción, una oficina dentro del Ministerio Público, es la encargada de la revisión de estas declaraciones. En una prueba de verificación, el 60 por ciento de las declaraciones se debe a errores significativos en la presentación de informes, y varios estaban incompletos.

La ley prevé el acceso del público a la información gubernamental, con límites de la disponibilidad de la información pública sólo en circunstancias específicas (por ejemplo, para proteger la seguridad nacional), y las penas de hasta seis meses a dos años de prisión ya cinco años de prohibición de Posiciones de la confianza pública para los funcionarios públicos que obstruyan el acceso a la información pública. Un tribunal puede revisar la decisión de un organismo de denegar el acceso a la información. El primer uso importante de esta ley se produjo en mayo, cuando el periodista Luis Eduardo "Huchi" Lora demandó a las autoridades de documentos relacionados con un controvertido y costoso proyecto de obras públicas subterráneas. Aunque inicialmente las autoridades judiciales ordenaron la liberación de los documentos, el Poder Ejecutivo apeló esta decisión ante el Tribunal Supremo sobre la "seguridad nacional" motivos, pero ese tribunal ordenó al gobierno a proporcionar los documentos solicitados, y el Ministerio de Transporte cumplido con la sentencia. Una segunda solicitud de información relativa a la dotación de personal diplomático extranjero se llevan a cabo sin incidentes.

Sección 4 actitud gubernamentales internacionales y no gubernamentales en relación con la investigación de los presuntos Violaciónes de los derechos humanos

Un número de internos y de los grupos de derechos humanos internacionales en general funciona sin restricción gubernamental, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Si bien los funcionarios del gobierno en general, de cooperación y se responda a sus puntos de vista, los grupos de derechos humanos que abogan por los derechos de los haitianos y las personas de ascendencia haitiana son una excepción importante y ante el acoso del gobierno ocasional.

En marzo, el Comité Mixto de Educación preparó una nota interna que se recomienda que activista dominicano-haitiana Sonia Pierre ser despojado de su ciudadanía, una acción considerada por muchos como represalia por su defensa. El Comité Mixto del presidente desautorizó el filtrado posteriormente, informe de la investigación interna, las que se indica que la investigación se había llevado a cabo a petición del único congresista.

Los funcionarios del Gobierno protestó el extranjero exhibiciones de películas documentales como Sugar Babies y El precio de la azúcar, elaborados por grupos de activistas que defienden la mano de obra y la mejora de las condiciones de derechos humanos en la industria azucarera. En junio, en un esfuerzo para silenciar a los críticos de derechos humanos, un cónsul general de Dominicana encabezó un grupo de personas para interrumpir un evento público donde Sugar Babies se estaba mostrando, causando a los anfitriones de cancelar un debate previsto después. En julio el Senado aprobó una resolución según la cual la sociedad civil críticos de las condiciones de los trabajadores de la industria azucarera fueron motivadas por un "profundo odio de la nación dominicana."

Durante su visita de octubre, los Relatores Especiales de Naciones Unidas para el racismo y los derechos de las minorías dijeron que estaban muy preocupados por la seguridad de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las personas de ascendencia haitiana.

Principales grupos locales Dominicana incluyó el Comité de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Instituto Santo Domingo de los Derechos Humanos. También hay varias pequeñas organizaciones laicas y religiosas que se abordaron los derechos de la mujer, temas laborales, y los derechos de los haitianos.

El gobierno nunca puso en práctica un 2001 la ley que obliga a la creación de un defensor de los derechos humanos de la Nación.

Sección 5 Discriminación, abusos sociales, y la trata de personas

Aunque la ley prohíbe la discriminación por motivos de raza y de género, esa discriminación existe, y el gobierno rara vez se reconoce su existencia o de los esfuerzos realizados para combatirla.

Mujer

La violación es un serio problema y muy poco. Las sanciones por la comisión de violación son de 10 a 15 años de prisión (o de 10 a 20 años en caso de violación de una persona vulnerable o en virtud de otras circunstancias atroces) y una multa de aproximadamente $ 3300 a $ 6600 (100000 y 200000 pesos). El estado puede perseguir a un sospechoso de violación, aunque la víctima no presentar cargos, la violación y las víctimas pueden presentar cargos en contra de un cónyuge. Las víctimas a menudo no denuncian los casos de violación por temor a la estigmatización social, así como la percepción de que la policía y la justicia no serían capaces de proporcionar reparación. Policía se mostraron reacios a manejar los casos de violación y, a menudo, alentó a las víctimas a solicitar la ayuda de organizaciones no gubernamentales.

La violencia doméstica sigue siendo un problema grave. En virtud de la Ley contra la violencia doméstica, el estado puede perseguir la violación, el incesto, agresión sexual, y otras formas de violencia en el hogar. Las penas por esos delitos van de uno a 30 años de prisión y multas de unos $ 20 a $ 7000 (600 a 210000 pesos). Una ONG local estima que 24 por ciento de las mujeres entre las edades de 15 y 49 han sido víctimas de maltrato físico.

En el Distrito Nacional, que incluye una gran parte de Santo Domingo con aproximadamente el 10 por ciento de la población del país, el ministerio público había especializado Prevención de la Violencia y la Unidad de Atención. Con 13 oficinas satélite alrededor de la ciudad, víctimas de la violencia pueden presentar denuncias penales, obtener asesoramiento jurídico gratuito, y reciben atención psicológica y médica. Policía se encargó de transmitir a todos la violencia doméstica y el asalto sexual para los casos estas oficinas. Cada oficina dispone de psicólogos profesionales en el personal a los abogados víctimas de la violencia y para evaluar la amenaza de peligro inminente asociados a una queja. Estas oficinas tienen la autoridad para emitir órdenes de restricción temporal inmediatamente después de recibir las denuncias.

Aunque el número de denuncias recibidas por la Prevención de la Violencia y la Unidad de Atención aumento, que puede haber reflejado la creciente conciencia de los recursos disponibles para las víctimas, son pocos los casos fueron a juicio. A partir de octubre, la unidad recibió 9.950 casos de violencia de género, de los cuales 8.596 estaban en contra de la mujer. Del total de casos, 227 despedidos, enviada en 3831 la mediación, procesados 710, había 4127 objeto de la investigación, y retiró la acusación en 1055.

La Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas coordina los esfuerzos de las instituciones oficiales y no gubernamentales que ofrecen servicios a las víctimas de la violencia. Cuenta con tres oficinas en Santo Domingo, y otras tres en todo el país. Estas oficinas no sólo aceptó las denuncias penales por parte de las víctimas de la violencia en todo el país sino que también proporcionó asesoramiento y los servicios de protección y, cuando sea necesario, remisiones a especialistas médicos o psicológicos. El Fiscal General de la Nación y la Secretaría de la Mujer, así como diversas organizaciones no gubernamentales, llevó a cabo programas de divulgación y formación sobre la violencia doméstica y los derechos jurídicos.

La organización no gubernamental Piedra Blanca funciona un refugio para mujeres maltratadas, y la Secretaría de la Mujer en apoyo de la operación de un centro para víctimas de la violencia doméstica en Bani, donde el abuso víctimas podría hacer un reporte a la policía y recibir consejería.

La prostitución es legal, aunque hay algunas prohibiciones en contra de las relaciones sexuales con menores de edad, y es ilegal que un tercero para obtener el lucro de la prostitución. Sin embargo, el gobierno no suele hacer cumplir leyes de la prostitución. El turismo sexual sigue siendo un problema grave, especialmente en Las Terrenas, Sosua, y Boca Chica. Los grupos de derechos humanos informaron de la prostitución en la continuación de la caña de azúcar campos de trabajo y las zonas fuera de la capital. Realizado programas de las organizaciones no gubernamentales acerca de la prostitución infantil y la explotación sexual de hotel y zona industrial de los trabajadores, hombres y mujeres prostitutas, y otros grupos de alto riesgo.

El acoso sexual en el lugar de trabajo es un delito menor y lleva una posible pena de un año de prisión y una multa de hasta $ 333 (10000 pesos), sin embargo, los dirigentes sindicales informaron de que la ley no se aplica, y el acoso sexual es un problema.

Aunque la ley prevé que las mujeres tengan el mismo estatuto jurídico que los hombres, en la práctica las mujeres padecen discriminación. Las mujeres no disfrutan de la condición social y económica o de oportunidades iguales a los del hombre, y el hombre más celebrado posiciones de liderazgo en todos los sectores. En muchos casos las mujeres reciben menos remuneración que los hombres en puestos de trabajo de igual contenido y exigir la igualdad de habilidades. Algunos empleadores informa, dio pruebas de embarazo a las mujeres antes de la contratación de las mismas, como parte de un examen médico requerido. Aunque es ilegal discriminar sobre la base de tales pruebas, los dirigentes sindicales informaron de que las mujeres embarazadas muchas veces no se contrató a los empleados y que las mujeres que quedan embarazadas en ocasiones se dispararon. No había eficaz de los programas gubernamentales de lucha contra la discriminación económica contra las mujeres.

Niños

El gobierno ha declarado su compromiso con los derechos de los niños y el bienestar y trató de aumentar la protección de los niños, con énfasis en la eliminación de trabajo infantil. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), una agencia pública noncabinet, coordina las políticas públicas para proteger a los niños en materia de derechos humanos y administra los menores código. El gobierno no cumplía con la condición de que la ley del CONANI recibir al menos el 2 por ciento del presupuesto nacional, y que un mínimo del 5 por ciento de los presupuestos de los gobiernos municipales se dedicarán a proyectos en beneficio de los niños.

Muchos de los niños nacidos en el país no fueron registrados al nacer. A los niños no inscritos al nacer es indocumentados hasta que una tarde de la declaración, y hay limitaciones sobre las declaraciones tardías. Niños indocumentados, en particular los de ascendencia haitiana, que enfrentan retos en el acceso a la educación primaria pública (véase la sección 2.d.).

La educación es gratuita, universal y obligatoria para todos los menores de edad a través del octavo grado, pero los mecanismos legales para ofrecer sólo la enseñanza primaria, que fue interpretada como la ampliación a través del cuarto grado. Aunque el Ministerio de Educación informó de una tasa de matrícula del 92 por ciento en los grados uno al ocho, un estudio realizado por el Gobierno estima que el nivel promedio de los grados alcanzados por los niños en las escuelas públicas fue el quinto grado en las zonas rurales y el sexto grado en las zonas urbanas.

Varios programas gubernamentales prestaron asistencia médica para los niños en los hospitales públicos.

El abuso de niños, incluido el desarrollo físico, sexual, psicológico y abuso, es un grave problema. CONANI informó de 215 casos de abuso sexual, 224 casos de abuso físico, y 251 casos de explotación sexual comercial de niños menores de 18 años. Pocos de esos casos se llegó a los tribunales, por miedo a la vergüenza de la familia, la falta de recursos económicos, o la falta de conocimientos disponibles acerca de la asistencia jurídica. Santo Domingo La oficina del fiscal de distrito informó que en la mayoría de los casos de abuso, el acusado era una persona cerca de los niños, como un familiar o amigo cercano de la familia. La ley prevé la eliminación de un niño maltratado a un entorno de protección.

Local vigila cree que los casos de abuso infantil fueron insuficientemente debido a la norma social de que esos problemas deben tratarse dentro de la familia. La ley contiene disposiciones sobre el maltrato de niños, incluido el maltrato físico y emocional, la explotación sexual y el trabajo infantil. La ley prevé penas de entre dos y cinco años de encarcelamiento y una multa de tres a cinco veces el salario mínimo mensual para las personas declaradas culpables de abuso de un menor. La pena se duplicará si el abuso está relacionado con el tráfico.

El gobierno de la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas coordinación de los esfuerzos de oficiales y de organizaciones no gubernamentales para ayudar a los niños que son víctimas de violencia y abuso.

La trata y la explotación sexual de los niños en el país son los problemas, en particular en las principales zonas urbanas y destinos turísticos populares. Los funcionarios del Gobierno dijo que la prostitución infantil a menudo se basa en la necesidad económica. Entre febrero y noviembre, la policía detuvo a 30 sospechosos de las niñas prostitutas de edades comprendidas entre los 10 y 16 en Boca Chica, Las Terrenas, Playa Dorado, y Santo Domingo.

El trabajo infantil es un grave problema en el sector informal de la economía.

La trata de personas

Aunque la ley prohíbe la trata de personas, hubo informes de que hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la trata hacia, desde y dentro del país.

Grupos Internacional estima que entre 30000 y 50000 mujeres dominicanas trabajan en la prostitución en todo el mundo, un tercio de los cuales fueron víctimas de la trata. Principales países de destino fueron en Europa, el Caribe y América Latina. Los traficantes mantienen en el Caribe y, en algunos casos, el fortalecimiento de sus redes. Mujeres de 18 a 25 años de edad son los que tienen mayor riesgo de ser objeto de trata. Muchas de las víctimas eran madres solteras sin educación que tratan de mejorar las condiciones de vida de sus hijos.

Hubo informes no confirmados de que las plantaciones de caña de azúcar ha dejado de transporte de nuevos trabajadores indocumentados procedentes de Haití a causa de la represión del gobierno sobre la inmigración haitiana, la inversión privada por los productores de azúcar en la mecanización, y el cese de gran escala de la cosecha de caña en las plantaciones de propiedad del gobierno. Sin embargo, al final del año las organizaciones no gubernamentales el testimonio de testigos presenciales informaron de que los nuevos trabajadores fueron contratados para la cosecha, algunas de otros sectores agrícolas, mientras que otros fueron presuntamente contratados de Haití.

ONG estima que hay cientos de tráfico de indocumentados y las redes de traficantes que operan en el país. Según la organización no gubernamental Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las organizaciones de narcotraficantes generalmente pequeños grupos. Las personas en el país de contratación de las personas objeto de trata y que se obtiene de identificación y documentos de viaje. Los traficantes con frecuencia las mujeres se reunieron a través de los amigos y la familia, que prometió alguna forma de empleo, obtener documentos falsos o legítimos de las mujeres, y, a menudo, retenidos sus pasaportes después de la llegada en el país de destino. Organizaciones de tráfico recibió $ 5000 a $ 8000 (150000 a 240000 pesos) para el tráfico de una mujer con fines de prostitución.

La ley incluye sanciones para los traficantes, de 15 a 20 años de prisión y una multa de hasta 175 veces el salario mínimo mensual. El Código del Menor establece sanciones por abuso sexual de los niños de 20 a 30 años de prisión y multas de 100 a 150 veces el salario mínimo.

El fiscal general del antitrafficking unidad coordinó la investigación y el enjuiciamiento de casos de trata de personas. Unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Migración, y la Oficina del Fiscal General dirigido la trata de personas, como se hizo en la Comisión interinstitucional para la Protección a la Mujer Migrante. La Dirección de Migración del departamento antitrafficking coordinado con la Oficina del Fiscal General y la Policía Nacional para encontrar y enjuiciar a las personas dedicadas al tráfico de mujeres para la prostitución y la explotación sexual comercial.

Dentro de la Oficina del Procurador General, las estadísticas del Departamento de Extranjería tráfico ilícito y el tráfico de personas, un 16 investigaciones activas, tres procesamientos, condenas y no, como no caso ha llegado aún a disposición final. Las investigaciones también se llevó a cabo en virtud de otras leyes, incluyendo una nueva ley que tipifica como delito la distribución electrónica de pornografía infantil, pero no se hicieron arrestos. En la Policía Nacional de la Oficina de Tráfico y Contrabando, había 70 casos de contrabando humano con el acusado acusado de fraude, en lugar de la trata o el tráfico.

Los informes de prensa de que los presuntos alto nivel consular y los funcionarios de inmigración estaban directamente involucrados con el contrabando nacionales chinos, algunos de ellos víctimas de la trata. El gobierno hizo esfuerzos para investigar los funcionarios públicos que facilitado, condonado o son cómplices en actividades de tráfico o contrabando de migrantes, pero la falta de recursos y el acceso a las comunidades étnicas cerrada les impide llevar los casos a juicio. En junio, el fiscal del Distrito Nacional presentó cargos contra Doris Altagracia Vásquez, un funcionario de alto nivel en el Ministerio de Trabajo, por la participación en un esquema de tráfico de los ciudadanos que ven atraídas con falsas ofertas de empleo en España y Canadá. En los últimos tres años la Dirección de Migración dispararon 400 inspectores para la posible participación en el contrabando y la trata de personas.

En agosto la policía rescató a 14 mujeres haitianas en Santo Domingo que se vieron obligados a realizar actos sexuales para un sitio de pornografía en Internet. Una de las mujeres presentó una denuncia en contra de un nacional de otro país, indicando que ella y otras mujeres fueron obligadas a realizar delante de una cámara de vídeo actos lascivos y sexuales, que más adelante se cargan y se venden a través de Internet. El fiscal de Distrito Nacional, encargó al extranjero con la trata de personas y deportados, pero no cargo otros dos extranjeros. Las víctimas de la trata de las víctimas fueron detenidos durante varios días y también deportados.

El gobierno proporcionó alguna asistencia a las víctimas de la trata tanto en el exterior y en el país, sino que se basó en las ONG y las organizaciones internacionales a proporcionar el grueso de los servicios de protección. El Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolló una red mundial de los funcionarios consulares formación para reconocer y asistir a las víctimas de la trata. El gobierno continuó trabajando con las organizaciones no gubernamentales para desarrollar programas de capacitación laboral para la mujer regresó. Cuando víctimas de la trata de personas fueron repatriados desde el extranjero, que se da un registro de control que entró en su registro oficial de la policía y fueron entrevistados por un inspector de migración. Según el COIN, la mayoría de las víctimas eran demasiado miedo o vergüenza de buscar una acción legal contra los traficantes, y las víctimas recibieron poca o ninguna consejería psicológica.

Hubo varios albergues administrados por la iglesia que siempre refugio a los niños que escapó de la prostitución. Pública refugios para las víctimas de la violencia doméstica en general, no eran accesibles a las víctimas de la trata. Sin embargo, por primera vez, el gobierno puesto en libertad a algunos extranjeros víctimas de la trata en la OIM custodia después de una breve detención para su procesamiento, en lugar de mantenerlos en la cárcel o centros de detención de inmigrantes antes de su deportación. La OIM proporcionó algunas de consejería psicosocial a las víctimas. En julio el gobierno y algunos socios lanzaron una campaña de publicidad para el fiscal general del antitrafficking línea caliente. La línea telefónica de emergencia, que existe desde 2005, es un recurso para información sobre la prevención de la trata de personas, así como un mecanismo de recopilación de sugerencias y acusaciones formales.

En octubre el presidente creó una Comisión Nacional contra la trata de personas para luchar contra la trata a través de la cooperación interinstitucional que actúe en un plan nacional. La comisión de organismos de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Educación, Turismo, Salud Pública, Mujer, y el Consejo Nacional de la Infancia.

La Unidad de Prevención del Departamento de Extranjería tráfico ilícito y la trata de personas, en coordinación con los Ministerios de Trabajo y de Educación, la formación continua de divulgación en las escuelas de todo el país. Los cursos advirtió a los niños de los peligros del tráfico de indocumentados, la explotación sexual comercial y la trata de personas.

COIN la OIM y la asesoría de planificación de la mujer a aceptar ofertas de trabajo en Europa y en el Caribe oriental acerca de la inmigración, la salud, y otros problemas, incluidos los peligros de la trata de personas, prostitución forzada, la servidumbre doméstica y forzado. COIN administra el Centro de Salud y Migración de Información para la Mujer Migrante, que llevan a cabo campañas de educación de la comunidad en zonas de alto riesgo en estas cuestiones, así como de la ciudadanía y la documentación legal las exigencias del trabajo. Con apoyo de la OIM, COIN también un nivel mínimo de servicios clínicos y clases de educación de adultos para las mujeres regresaron.

Las personas con discapacidad

Aunque la ley prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad, estas personas encontradas discriminación en el empleo y en la obtención de otros servicios. La ley prevé el acceso físico para las personas con discapacidad a todos los nuevos edificios públicos y privados, pero las autoridades no hagan cumplir esta disposición. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, que tenía 17 sucursales en todo el país, recibió una subvención del Ministerio de Salud Pública para ofrecer asistencia de rehabilitación a las personas con discapacidad.

Discriminación contra las personas con enfermedad mental era común, y hay pocos recursos dedicados a los enfermos mentales.

Nacional / Racial / Minorías étnicas

Hubo importantes prejuicios raciales contra las personas de complexión oscura, y el gobierno no ha hecho lo suficiente para resolver el problema. Los actos de discriminación son comunes, que van desde la pequeña a la más grave. En particular, hay fuertes prejuicios contra los haitianos, que desfavorecidos muchos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, así como a otros extranjeros de complexión oscura. Son pocos los funcionarios del Gobierno reconoció la existencia de esta discriminación, otros regular y negado públicamente que existía.

Las personas de piel más oscura informó de que se les niega la entrada en las tiendas, clubes nocturnos, y restaurantes. En julio varios extranjeros que se les negó la entrada a un popular club nocturno de Santo Domingo, el Loft. El club ha tenido una historia selectiva de negar la entrada a personas con complexión oscura y pelo afro estilos. En respuesta a una protesta de una misión diplomática extranjera, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una declaración de acuerdo con la protesta.

Las ONG locales informaron de incidentes en los que las personas de piel oscura se les negó el acceso o servicios en los bancos, les niega la inscripción en las escuelas privadas, y negó los registros de nacimiento en los hospitales.

En su visita de octubre, los Relatores Especiales de Naciones Unidas para el Racismo y los Derechos de las Minorías instó a las autoridades a reconocer la existencia del racismo y la discriminación contra las minorías, la adopción de un plan de acción nacional para abordar el problema, el Comité Mixto de Educación revisar una norma que dio lugar a la revocación de los documentos de identidad A los haitianos, y poner fin a las repatriaciones masiva de haitianos.

Haitianos a emigrar a continuación el país en busca de oportunidades económicas, y el gobierno repatrió a muchos de ellos. Autoridades migratorias y las fuerzas de seguridad realizaron redadas periódicas a lo largo del año para localizar y repatriar a personas indocumentadas de ascendencia haitiana. Algunos de los expulsados del país informaron de que se les negó la oportunidad de demostrar que son residentes legales, a hacer arreglos para sus familias o los bienes, o para expresar un temor creíble de persecución o tortura si es devuelto a Haití. De los servicios migratorios y de las fuerzas de seguridad a veces confiscado y destruido expulsados' documentos de residencia. En algunos casos, los expulsados con los documentos legales apropiados recibido autorización para regresar.

Muchos inmigrantes haitianos viven en barrios de viviendas precarias o de la caña de azúcar conocido como los campos de trabajo bateyes. Como en muchas zonas pobres en otras partes del país, estos fueron duros entornos con poca o ninguna electricidad, sin agua corriente por lo general, y no una escolarización adecuada. En muchos bateyes, la asistencia médica era rudimentaria o bien no dispone de agua potable y rara vez se dispone.

 

Muchos residentes batey, que carecen de documentación, consideró que no tuvo más opción que permanecer en sus comunidades, donde se sentían relativamente a salvo de los riesgos de la deportación y el hostigamiento que existe en otras partes del país.

Aunque las ONG de derechos humanos, la Iglesia Católica, activistas y describe las condiciones de vida en los bateyes como la esclavitud moderna, las empresas del sector privado en el sector del azúcar hizo algunas mejoras en las instalaciones durante el año.

Otros abusos de la sociedad y la discriminación

Las personas con VIH / SIDA, en particular las mujeres, se enfrentan discriminación en el lugar de trabajo y en otros lugares. Se estima que unos 80000 a 222000 personas en el país están infectadas con la enfermedad. Según Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los trabajadores de muchas industrias se enfrentan obligatoria la prueba del VIH en el lugar de trabajo o cuando soliciten atención médica o seguro médico. Los trabajadores enfermos o de tener la enfermedad podrían ser despedidos de sus puestos de trabajo o les niega una atención sanitaria adecuada. Aunque la ley prohíbe el uso de pruebas de detección del VIH a la pantalla de empleados o de los servicios médicos no relacionados con la enfermedad, no se han conocido casos en los que esta ley se aplica, a pesar de que los informes oficiales de las denuncias que se habían presentado.

Sección 6 derechos de los trabajadores

A. El derecho de asociación

La ley prevé la libertad de asociación sindical, y todos los trabajadores, salvo los militares y la policía, son libres de formar y afiliarse a sindicatos de su elección. Organizada laboral representa un 8 por ciento estimado de la fuerza de trabajo. La ley pide que el reconocimiento automático de un sindicato si el gobierno no se ha pronunciado sobre su solicitud dentro de 30 días.

La ley prohíben a las empresas de cocción de los organizadores del sindicato o de los miembros se aplican inconsistentemente, y las sanciones no eran suficientes para disuadir a los empleadores de violar los derechos de los trabajadores. Hubo informes de hostigamiento e intimidación por parte de los empleadores en un esfuerzo por impedir la actividad sindical, especialmente en las zonas de libre comercio (FTZs), aunque FTZ empresas deben cumplir con la legislación laboral nacional. La Federación Dominicana de la Zona Franca de Trabajadores (FEDOTRAZONAS) informaron de los incidentes de antiunion actividad en la planta TOS Dominicana en Bonao. Hubo denuncias de que la dirección de la compañía llevó a cabo una campaña pública en contra de dirigentes y miembros de sindicatos, que incluía incentivos en efectivo o promociones a cambio de renunciar a su afiliación sindical y la actividad en un esfuerzo por prevenir la consecución de la unión de miembros suficiente para establecer los derechos de negociación colectiva. En octubre una comisión especial del Ministerio de Trabajo determinó que FEDOTRAZONAS había una mayoría de los trabajadores y que la negociación colectiva debe ocurrir. Aunque en diciembre los propietarios iniciaron acciones legales en contra de la determinación del Ministerio y se negaron a participar en las negociaciones patrocinadas por el gobierno, que más tarde retiró la acción legal y se reunió informalmente con el sindicato.

El Congreso de la Unión Internacional de Comercio informó de que los trabajadores en una empresa de exportación de productos agrícolas en el norte del país, ha repetido las solicitudes de registro rechazadas sus sindicatos, a pesar de la satisfacción de las necesidades mínimas de 20 miembros. La compañía supuestamente iba a hacer sobre los despidos en masa de 80 a 100 personas a la vez. Los trabajadores lograron obtener el registro legal de la unión, sin embargo, la empresa habría continuado su campaña antiunion y discrimina abiertamente en contra de miembros del sindicato, que se vieron obligados a trabajar horas extras y se les negó el agua y el transporte dentro y fuera de los campos.

B. El derecho a la sindicación y de negociación colectiva

La negociación colectiva es legal y debe ser utilizado en las empresas en las que un sindicato se ha ganado el apoyo de la mayoría absoluta de los trabajadores. Pocas empresas tienen pactos de negociación colectiva, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) examinó los requisitos para tales pactos a ser excesivo, y un impedimento para la negociación colectiva.

La ley establece un sistema de tribunales de trabajo para abordar los conflictos. Si bien los casos hicieron su camino a través de los tribunales laborales, el proceso es a menudo largo y los casos quedaron pendientes durante varios años. Un estudio realizado por la Fundación para Institutionalism y la Justicia, una organización no gubernamental local, mostró que el promedio de resolución de casos fue de 15,3 meses en los tribunales de primera instancia y de 16,4 meses en el tribunal de apelación.

Muchos de los participantes informaron de que la mediación facilitado por el Ministerio de Trabajo es el método más eficaz para resolver las controversias trabajador-empresa.

La ley establece el derecho de la mayoría de los trabajadores a la huelga (y para los empleadores del sector privado al cierre de los trabajadores), pero las huelgas formales no eran comunes. Requisitos formales para la huelga incluyen el apoyo de la mayoría absoluta de todos los trabajadores de la empresa si sindicalizados o no, antes de tratar de resolver el conflicto a través de la mediación, una notificación escrita dirigida al Ministerio de Trabajo, y una de 10 días siguientes a la notificación período de espera antes de proceder Con la huelga.

Gobierno de los trabajadores y el personal de los servicios públicos esenciales no se les permite a la huelga.

Algunos sindicatos representados un número reducido de trabajadores haitianos, que están cubiertos por el Código del Trabajo, independientemente de la situación jurídica. Diversas organizaciones no gubernamentales informaron de que la mayoría de los trabajadores haitianos en los sectores agrícola y las industrias de la construcción no ejercer sus derechos, por temor a disparos o la deportación.

El Código del Trabajo se aplica en las 57 establecidas FTZs, que emplea a alrededor de 155000 trabajadores. Según el Consejo Nacional de Trabajo de los sindicatos, los sindicatos estaban activos en sólo ocho empresas de la FTZs, y sólo cuatro de los sindicatos han establecido los derechos de negociación colectiva. Lugar de trabajo y sus reglamentos de aplicación en el FTZs no difieren de las existentes en el país en general, a pesar de las condiciones de trabajo son a veces mejor y el pago es en ocasiones superior. Obligatoria de horas extraordinarias es una práctica común.

Hubo informes de intimidación generalizada encubierta por parte de los empleadores en el FTZs para impedir la actividad sindical. Los sindicatos de la FTZs informaron de que sus miembros dudaban a la hora de hablar de la actividad sindical en el trabajo, incluso durante el tiempo de descanso, por temor a perder sus puestos de trabajo. Algunas empresas FTZ fueron acusados de desempeño de los trabajadores que intentaron organizar sindicatos. La mayoría de los sindicatos en la FTZs estaban afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Zona de Libre Comercio o con FEDOTRAZONAS. FEDOTRAZONAS estima que menos del 10 por ciento de los trabajadores de la FTZs eran sindicalizados. Muchos de los principales fabricantes en el FTZs había códigos voluntarios de conducta que incluyen cláusulas de protección de los derechos de los trabajadores en general en consonancia con la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Sin embargo, los trabajadores no siempre eran conscientes de tales códigos o de los principios en ellos contenidos.

C. Prohibición de trabajo forzado u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluido el de los niños, pero hay informes de la trata de niños en el país. Las horas extraordinarias obligatorias, una práctica común, a veces se aplican a través de las puertas cerradas o pérdida de salario o de empleo para los que se negaban.

D. prohibición del trabajo infantil y la edad mínima para el empleo

Si bien la ley prohíbe el empleo de niños menores de 14 años de edad y de imponer restricciones sobre el empleo de niños menores de 16 años, el trabajo infantil sigue siendo un problema grave, aunque hay pruebas de que redujo durante el año. Una organización no gubernamental informó que el programa ha eliminado 8449 niños de la explotación laboral y condiciones impedido 16990 niños entren en la fuerza de trabajo. Reglamento limita las horas de trabajo de las personas entre las edades de 14 y 16 a seis horas por día, prohíbe el empleo de los menores de 18 años en ocupaciones peligrosas o en los establecimientos que sirven alcohol, y la escasez de trabajo nocturno. Las multas y sanciones legales pueden aplicarse a empresas que emplean a menores de edad. Mientras el gobierno aplica de manera eficaz estas regulaciones en el sector formal, el trabajo infantil es en gran parte un problema en el sector informal de reglamentación más allá de su alcance.

El trabajo infantil se llevó a cabo principalmente en la economía informal, las pequeñas empresas, los hogares privados, y de la agricultura. Los niños a menudo acompañados de sus padres a trabajar en los campos agrícolas, en parte porque los padres tienen ningún otro lugar para dejar a sus hijos, ya que las escuelas en el campo fueron en el período de sesiones por lo general sólo durante unas horas al día. La explotación sexual comercial de los niños sigue siendo un problema, especialmente en los destinos turísticos populares.

Continuaron las pruebas concluyentes de que las familias pobres de Haití organizó Dominicana a las familias a "adoptar" y emplear a sus hijos, con la esperanza de asegurar un futuro más prometedor para ellos. Los padres adoptivos comúnmente se considera al niño como sus propios y, a veces, siempre que el nacimiento los padres un pago monetario o de un suministro de ropa y alimentos. En algunos casos los padres adoptivos al parecer no consideró que el pleno aprobó los niños como miembros de la familia, esperando a que el trabajo en los hogares o las empresas familiares en lugar de asistir a la escuela, que se han traducido en una especie de servidumbre para los niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de Trabajo y otras instituciones gubernamentales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, colaboró con el Programa de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil y otras organizaciones internacionales de derechos laborales para continuar los programas de lucha contra el trabajo infantil. Estos incluyen programas para eliminar el empleo de niños en condiciones peligrosas en el sector agrícola en regiones de cultivo de arroz. El esfuerzo incluyó también un programa para combatir la explotación sexual comercial de menores de edad en populares destinos turísticos como Boca Chica, Sosúa, y Las Terrenas. Estos programas siempre apoyo psicológico y asistencia médica, los niños regresaron a las aulas, los niños y reunirse con sus familias y comunidades, siempre que sea posible. Los programas también prestó asistencia jurídica a los niños víctimas de detener y condenar a los explotadores.

El Ministerio de Trabajo confirmó a través de inspecciones in situ que el azúcar bateyes del consorcio ya no utilizan mano de obra infantil en sus bienes. Una fuente digna de crédito, no obstante, declaró que el trabajo infantil todavía se pueden encontrar en estas instalaciones.

El Comité Directivo Nacional contra el Trabajo Infantil del plan para eliminar las peores formas de trabajo infantil se establecieron los objetivos, prioridades, responsabilidades asignadas y de explotación laboral de manera que se podrían abordar con eficiencia y el número de niños trabajadores redujo significativamente en 2016. En 2006, el plan de 2079 se retiraron los niños de la mano de obra y ha impedido la participación de 1.330 niños de la explotación en el trabajo, y la segunda fase del plan se inició en diciembre.

Los Ministerios de Trabajo y de Educación continuó prestando apoyo a la lucha contra el Trabajo Infantil a través de programa de Educación, que estableció varios campamentos que acogen a un gran número de niños, niñas y adolescentes.

No hubo informes confirmados de que el trabajo infantil forzoso en el sector formal.

E. condiciones aceptables de trabajo

El Poder Ejecutivo establece los niveles del salario mínimo para los trabajadores públicos, y el Comité Nacional de Salarios establece los niveles para el sector privado, con la excepción de los trabajadores de la FTZs y el azúcar, la construcción, el hotel, y las industrias de fabricación de calzado. El sueldo mínimo mensual es de aproximadamente $ 139 (4450 pesos) en el FTZs y $ 200 (6400 pesos) fuera de la FTZs. El salario mínimo para el sector público fue de aproximadamente $ 81 (2600 pesos) por mes. El salario mínimo diario para los trabajadores agrícolas cubiertos por el salario mínimo es de aproximadamente $ reglamentos 4,70 (150 pesos), sobre la base de 10 horas por día. Caña de los trabajadores son objeto de una especial, la reducción de salario mínimo para la industria del azúcar, $ 2,50 (80 pesos) por día. El salario mínimo nacional no presentó un nivel de vida digno para un trabajador y su familia.

La ley establece un período de trabajo de 44 horas semanales y establece que todos los trabajadores tienen derecho a 36 horas de descanso ininterrumpido cada semana. La ley establece la prima de remuneración de las horas extraordinarias, que es obligatorio en algunas empresas en el FTZs.

En las plantaciones de azúcar, los cortadores de caña por lo general se paga por el peso de la caña cortada en lugar de las horas trabajadas. Cortadores de caña de sospecha de fraude por operadores de las estaciones de pesaje y señaló que a veces los empresarios no aportó camiones o carros para el transporte de la caña recién cortada al final de la jornada, causando baja a los trabajadores a recibir una indemnización debido a que la caña seca a la mañana y pesaba menos. Empresa funcionarios negaron que se produjeron retrasos en el transporte de la caña, y señaló que cualquier retraso sería perjudicial para su negocio. El importe de la caña de un trabajador puede cortar variadas, pero la mayoría de los jóvenes aptos trabajadores fueron capaces de reducir de dos a tres toneladas de caña en una jornada laboral, la obtención de un salario diario de $ 5,00 a $ 7,50 (160 a 240 pesos). Sin embargo, de más edad, menos aptos para los trabajadores sólo se paga por la cantidad de la que realmente cortan la caña, incluso si la cantidad era inferior al salario mínimo. Además durante el período de seis meses fuera de temporada, los trabajadores de las plantaciones de azúcar de algunos que optaron por permanecer en sus comunidades, se ofrecieron trabajos pequeños, como la limpieza de la tierra, que en general eran insuficientes para ganar la ley de salario mínimo.

Condiciones de los trabajadores agrícolas eran pobres. Los trabajadores de la industria de la caña de azúcar que viven en bateyes inadecuados escuelas, instalaciones médicas, agua corriente y sistemas de alcantarillado. Los empleadores en la industria de la caña de azúcar supuestamente retenido una porción de los salarios para garantizar que los trabajadores regresaron para la próxima cosecha. Trabajadores de la caña de azúcar a menudo no reciben los servicios médicos o de las pensiones debidas a pesar de las deducciones fueron sacados de su pago.

El Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) se establece a la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud. Tanto el IDSS y el Ministerio de Trabajo había un pequeño cuerpo de inspectores encargados de hacer cumplir las normas. La Secretaría de Trabajo de los activos con 191 inspectores. Los trabajadores se quejaron de que los inspectores no estaban entrenados y no respondió a las quejas de salud y seguridad. Si bien la ley exige que los empleadores proporcionen un entorno de trabajo seguro, en la práctica, los trabajadores no pueden borrarse de las situaciones de trabajo peligrosas sin perder sus puestos de trabajo.

Versión original en inglés

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100637.htm

Publicado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo

11 de marzo de 2008

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