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4/2/2014
Una Ley de Partidos sin Mañas

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El proyecto de Ley de Partidos ha visto desfilar por el Congreso varias generaciones de congresistas de todos los partidos y de todos los colores, que no terminan de entender que el electorado vota por ellos para que vayan al Congreso a representarnos, con sueldos de lujos y los beneficios que reciben exoneraciones, barrilitos, no se sabe cuántas cosas más, pero sí sabemos que salen de nuestros bolsillos de los impuestos que pagamos. 

Con sueldos de miseria, “que los dinero que la gente gana no le alcanzan”, en un país sumido en la pobreza, donde los más pobres tienen que cargar con los impuestos y mantener a estos “turpenes” de la política, en un país en crisis hasta los tuétanos, “si es que aún nos quedan huesos”.  Donde el desempleo y la falta de oportunidad para los que menos pueden es el rosario de plegaria cada día, acompañado del flagelo de las drogas, la delincuencia que nos arropa y administrativa que corrompe las simientes más profundas de nuestra nación. 

Algunos sectores sociales han planteado una reforma a la Ley Electoral junto a una Ley de Partidos.  Creemos que es oportuna para su aprobación, ya que esta Ley lleva 15 años siendo tema de discusión entre los partidos sin resultados. 

Donde deben establecerse un marco regulador para el desempeño de los parámetros electorales de los partidos políticos, que se han inventado todo tipo de “mañas” para eludir las Leyes establecidas, no se puede vivir en u país donde los partidos que tanto hablan de democracia como sistema, “viven como chivos sin Ley”. 

Es una situación penosa que del dinero que se le entrega a los partidos políticos producto de impuestos que pagamos los/as ciudadanos/as, sean utilizados en actividades ilícitas como la compra de cédulas, traslado de una circunscripción a otra, cuando mediante al fraude se arrebatan candidaturas con esos “cuartos que salen de nuestros bolsillos”.  En el sistema electoral de la República Dominicana se han hecho grandes avances en materia electoral, pero aun prevalece una cultura de “fraude” en candidatos y partidos políticos que se prestan a este tipo de actividades ilícitas, donde se invierten millones de pesos en desventaja de un candidato o partido político”. 

Solo pedimos a nuestros legisladores una Ley de Partidos que responda a los mejores intereses del pueblo dominicano.

En la historia electoral dominicana de nuestro país, lo que imperaba era el caudillismo y el autoritarismo en los partidos políticos del sistema, lo que no permitía que el pueblo expresara su voluntad en las urnas como derecho constitucional. 

Entre estos podemos contar los gobiernos de Santana, Lilís y Trujillo que por largo tiempo gobernaron nuestro país. Luego que el pueblo superara esta época de incertidumbre y pérdida de los valores democráticos de nuestra nación.  

Durante los años de 1966 se  realizaron en nuestro país varias elecciones que fueron altamente cuestionadas por organismos nacionales e internacionales condenándolos como fraudulentos.  

Aun en violación de los textos legales que establecen la constitución y las leyes que fueron considerados como “un pedazo de papel” sin tomar en cuenta lo que reza la constitución en su art. (2) dos.  

“La soberanía nacional corresponde al pueblo de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación” especialmente por estas razones y más que la mayoría de las elecciones en nuestro país han sido cuestionadas, debido a los fallos e irregularidades que han sido inducidos por sectores políticos interesados estos en sacar beneficio o perjudicar candidaturas a sus competidores, en ocasiones hasta de su propio partido.  

Los delitos electorales se cometen a plena luz del día, ante la mirada indiferente de las instituciones y los organismos que tienen como función mediante la ley administrar estos procesos.  

La ley electoral contempla sanciones para un conjunto de acciones consideradas como delitos electorales.  

Sin embargo los partidos se han inventado “un rosario de mañas”, que no aparecen en ninguna ley por lo que no pueden ser sancionados, estas prácticas ilícitas  se han convertido en una tradición en cada proceso electoral que van desde la compra de una cédula hasta los más sofisticados como un “Hacker” (virus) que borran del sistema todos los miembros (Cole) principalmente la figura del presidente del colegio, cuando no controla o tiene mayoría el partido determinado.  

Lo más lamentable de todo esto es que el fraude y la corrupción, generalmente queda impune y pasan como “cosas de la campaña electoral”. Los aspectos de legalidad de un proceso electoral deben  estar garantizados, con el desarrollo de procesos democráticos, transparentes y ordenados. Es importante destacar que en los procesos electorales congrecionales y municipales partidos políticos del sistema tienen la “Maña” de no solo conformarse con la compra de cédulas y conciencias, clientelismo. En los mismos centros de votación, si no que ahora cada 4 años podemos observar caravanas de ciudadanos (as) que se presentan a los centros de cedulación para cambiar su dirección de una circunscripción electoral a otra. Para favorecer o perjudicar a un candidato determinado.  

Esta actividad ilícita la realizan partidos y candidatos, con la intención de variar candidaturas y perjudicar a candidatos que son nuestra verdadera representación, con “Barrilitos” llenos de “Cuartos”, papeletas estas que son distribuidas ante la mirada impotente de los candidatos (as) que son nuestra verdadera representación del sector determinado.  

En ocasiones, este dinero es del producto de los impuestos que pagamos los ciudadanos, las drogas y el lavado que se ha puesto de moda en nuestro país. Por lo que no debemos sorprendernos, si de repente descubrimos que aparecen hasta 10 y 20 ciudadanos desconocidos para nosotros, que su cédula de identidad y electoral dice que viven en nuestra casa y hasta en solares vacíos.  

Sin que la Junta Central Electoral pueda hacer nada ya que no cuenta con una herramienta legal que sancione al ciudadano a la hora de realizar dichos cambios en sus documentos de identidad y electoral.  

En otras ocasiones, miembros de colegios no entregan las actas y documentos,  candidatos cargan con urnas  causando incidentes que han llegado hasta los tiros y la Junta Central Electoral solo se limita a anular el colegio electoral que no aparece ni en los centros espiritistas o en tal sentido anular las elecciones en el lugar correspondiente. Se está conociendo en el congreso una “ley de partidos” ojalá y se puedan instrumentar algunas medidas  en la ley  que corrijan estas anomalías.  Esta debe contar con el consenso y la aprobación de todos los sectores políticos y sociales de la nación.  

Así la Junta Central Electoral podrá contar con una herramienta legal que garantice procesos electorales diáfanos y transparentes por el fortalecimiento institucional de los partidos políticos y nuestra democracia.  

 Un dicho popular dominicano reza… Quien inventó la ley, también invento la trampa… ojala y esta nueva ley no sea otra “maña” más de los partidos políticos,  que cada 4 años y 6 las congresuales y municipales no tengamos que llenarla de remiendos, como ocurre con las leyes de nuestro país.  

Es importante en todo esto que los procesos electorales se puedan desarrollar según lo establece la constitución y las Leyes, procesos democráticos, transparentes y que todos los actores que intervienen en estos procesos electorales gocen de legitimidad y credibilidad ante la sociedad dominicana.  

Autor: Radhames Bonet M.

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