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27/3/2013
Dominicana República en Educación

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Es el título de mi anterior entrega, pero al revés. En esta oportunidad reformularé algunos de sus párrafos y añadiré otros. Según la Junta Central Electoral (JCE) unos 2,565 empleados públicos eran candidatos a las elecciones del 2010, de los cuales 1,257 trabajaban en el Ministro de Educación. De acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el Presidente del Senado no solo debería evaluar la conducta de ese gremio, “porque la lucha salarial involucra a diferentes estamentos del Estado donde hay diferentes representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”. La ADP considera que si el PLD “va a pedir cuentas, tendría también que convocar al 45% de los maestros (unos 28,000), porque ellos son miembros del PLD y que cuando sometieron a consulta el aumento del 20%, el 98.95% lo rechazó” (“Presidente ADP aclara a Pared Pérez que su lucha no es política”. Diario Libre. 26/3/2013). Quiero aclarar que el presente análisis (como ha sido mi costumbre desde el pasado año) no toma en cuenta los colores de los partidos políticos en la República Dominicana (de ser el caso) sino  la información pública y mi propia conciencia.

La ADP demanda un aumento salarial de 100% para los profesores del gremio. El Ministerio de Educación ofreció un 20% de aumento dentro de un racimo que va de RD$15,000 a RD$19,000 a RD$33,000 a RD$46,000, más incentivos por antigüedad y titulación que los profesores actuales no perciben. Dentro de los próximos 4 años se piensa destinar RD$15,000 millones adicionales para ofrecer cursos de formación continua, sujetando el aumento salarial a que los docentes pasen a prestar servicios en jornada completa, de modo que ninguno queda con remuneración de media jornada. Pero en fecha 26/3/2013 el Ministerio de Educación hizo efectivo el reajuste salarial a través de la Resolución 27-2013 al personal docente técnico y administrativo de los centros educativos. Educación informó que en los próximos días generará el pago retroactivo a febrero, tal como ha sido prometido (“Educación hizo efectivo ayer aumento a maestros”. Listín Diario. 26/3/2013). Esto confirma lo que dijimos en la anterior entrega. Cito: “EL ESTADO EN DEMOCRACIA TAMBIEN LO COMPONEN GREMIOS Y/O SINDICATOS QUE LE TUMBAN EL PULSO AL ESTADO POLITICO CON DEMANDAS SALARIALES, SIN PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS DE LA INFLACION, DE LO QUE NO ESCAPA EL SECTOR PRIVADO EN LAS NEGOCIACIONES QUE AUSPICIA EL MINISTERIO DE TRABAJO ENTRE ESTE SECTOR Y/O SINDICATOS, EN SENTIDO GENERAL”.

La fiebre también llegó a los ex dirigentes de la ADP, quienes propusieron un “Pacto Global para la Calidad de la Educación”, que sea refrendado  solo por el Presidente de la República, como la “única salida” al conflicto salarial que oferta la educación pública (“Ex presidentes ADP proponen pacto para solucionar conflicto”. Listín Diario. 26/3/2013). Nosotros habíamos dicho que la solución es una “Política de Calidad” para revertir del desastroso resultado de las Pruebas Nacionales de 2012,  en vista de un aumento del presupuesto para la educación de RD$44,934 millones en 2013 (si lo comparamos con el presupuesto de 2011 - RD$39,055 millones), lo que hace un total de RD$83,989 millones en el presupuesto de 2013, viéndolo de esta manera. Justificamos la Política de Calidad por las siguientes razones: 1) Por el bienestar de las futuras generaciones, 2) Por la transparencia de un aumento del presupuesto (4% del PIB) para dedicarlo a la educación, y 3) Porque es preferible gastar menos, pero mucho menos de RD$15,000 millones en una Política de Calidad en vez de destinarlos a “cursos de formación continua” sin ninguna sustentación, solo como excusa del Ministerio de Educación para justificar un aumento salarial de 20%.

A pesar de ser un neófito en materia salarial observo por primera vez que la parte demandada (Ministerio de Educación) cede “así de fácil” ante el demandante (Asociación Dominicana de Profesores) el aumento propuesto por la demandada sin que el demandante esté de acuerdo, y lo hace en efectivo (cash), y de manera retroactiva, sin el consentimiento del demandante, en este caso comprometiendo la Cosa Pública, es decir, los recursos del pueblo. Esto implica dos cosas: 1) Que la ADP devuelva el dinero, porque es una imposición y no un acuerdo, y apunte para otro lado. 2) La doble moral del Estado Democrático. Si la política y la corrupción post Trujillo hicieron de las suyas para derrumbar y aprovecharse del patrimonio empresarial de la Era de Trujillo es una doble moral mantener vigente la Ley 5880 de 1962 que penaliza exaltar la figura del difunto Jefe. Si el Estado Democrático post Trujillo no fue ni es eficiente en materia empresarial tampoco “lo parece ser” en materia administrativa, en sentido general, lo que cuestiona su eficacia en cuanto al manejo de la Cosa Pública. Esto de por si pone en entredicho los planes y estrategias para el desarrollo económico y social de la República Dominicana, independientemente de las “buenas intenciones”.  El Estado Democrático tiene que imponer su  “ley de austeridad” en beneficio del pueblo, para no devenir en Estado Político, para que no corra el mismo riesgo que Chacumbele, “el mismito que se mató”,  para destacar la inflación, “el gran mal” de la democracia que por desgracia mata al pueblo y no al Estado.                                                                  

Autor: Luis Eduardo Díaz Franjul

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