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8/10/2012
Control de las mediciones en República Dominicana

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Una de las tareas más nobles y antiguas tareas del Estado es asegurar que la enorme diversidad de mediciones que tienen lugar en las industrias, el comercio, la ciencia y las investigaciones aplicadas se hagan bajo ciertas condiciones y requisitos normativos y reglamentarios. El aseguramiento estatal de la calidad de las mediciones es, consecuentemente, fundamental para decidir si estamos o no protegiendo los intereses de los consumidores y usuarios.

Pongamos como ejemplo el caso de las llamadas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP). Sus mediciones en el despacho del GLP han sido definidas por Pro-Consumidor como engañosas y violatorias de la ley.  Con ese discurso interviene cuentas bancarias, impone cuantiosas multas y acusa públicamente de ladrones a los dueños de esos negocios. Nosotros podríamos pensar lo mismo si: a) pudiéramos hablar en nuestro país de un aseguramiento gubernamental confiable de la calidad de las mediciones, y b) si la entidad oficial llamada a aplicar la totalidad de los procedimientos legislativos, administrativos y técnicos en materia de mediciones (metrología legal) tuviera competencia comprobable para asegurar, de forma regulatoria, la calidad y credibilidad apropiadas de las mediciones asociadas a los controles oficiales en las áreas del comercio, la salud,  la seguridad y el ambiente.

Ninguna de las dos cosas.

Confiabilidad de las Mediciones.  Cualquier cliente con un mínimo de escolaridad del sector comercial del GLP, se preguntaría si los dispensadores de ese combustible miden bien, si no lo están engañando al despachar el producto, lo cual es igualmente extensivo al gas natural y a todos los tipos de gasolinas. Al surgir tal inquietud el usuario del servicio se cuestionaría sobre la confiabilidad del resultado de la medición: ¿Estarán despachando la cantidad de galones o libras que estoy pagando? 

Son inquietudes de un importante componente conceptual.  En efecto, la obtención de un resultado de medición confiable sólo es posible si cumplimos con los requerimientos que conforman la base de la confianza de esa medición. Esos requerimientos, que al final son los que determinan la garantía de la calidad del proceso, son: trazabilidad, evaluación de la incertidumbre, métodos de medición, confirmación metrológica, expresión de los resultados en unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) y competencia de los recursos humanos. 

De acuerdo con el Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) la trazabilidad no significa otra cosa que asegurar que el instrumento a ser utilizado para efectuar o controlar una medición, sea comparado previamente con patrones medición de referencia de la mayor exactitud posible, definidos como nacionales, los cuales, a su vez, son comparados con patrones internacionales (nacionales o primarios).  Los patrones de trabajo, los que utiliza la autoridad para verificar los dispensadores de GLP, deben ser comparados con patrones secundarios o directamente con los nacionales (patrones de referencia), de mayor exactitud, dadas unas incertidumbres (que expresan, en forma cualitativa, las limitaciones que el proceso de medición introduce en la determinación de la magnitud de medida).  

Por ejemplo, los egipcios utilizaban como patrón de trabajo los cubos de madera para medir, controlar y comprobar las dimensiones de piezas fabricadas (bloques o piezas de piedra).  Estos cubos de madera eran trazables (comparados en su exactitud) a un patrón (medida materializada) considerados por ellos nacional, el cubo de granito. Como el uso y las condiciones ambientales afectaban los cubos de madera (medidores de prueba de Digenor y Pro-Consumidor), los egipcios habían convenido en recalibrarlos cada luna llena.  Entonces, lo primero que debemos preguntar, mucho antes de acusar y desprestigiar, es: ¿cuál es el estado de la calibración-verificación de los equipos que utilizamos para saber si quien despacha estafa a sus clientes?

En el caso que nos ocupa, y de acuerdo con el VIM, debemos asegurar que los medidores de prueba utilizados por la DIGENOR y Pro-Consumidor hayan sido debidamente calibrados, es decir, sometidos a un conjunto de operaciones para establecer luego, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores indicados por los equipos de despacho de las envasadoras y los correspondientes valores señalados por el patrón de trabajo o medidores de prueba de las autoridades. La realidad es que Pro-Consumidor no puede demostrar, mediante un certificado emitido por un laboratorio de calibración acreditado, que sus “patrones de trabajo” (que no debe tener ninguno) o los de la Digenor son calibrados cada luna llena.  Como no puede hacerlo, sus operaciones de verificación legal, que no le corresponden en absoluto, carecen de toda credibilidad técnica y, consecuentemente, los resultados así obtenidos no pueden ser utilizados, bajo ningún concepto, como sustento técnico válido en sus recurrentes pleitos judiciales. 

En realidad, las actividades de verificación de Pro-Consumidor y de la Digenor resultan menos creíbles que las operaciones de los antiguos egipcios con sus cubos de madera.  También  lo eran cuando el autor fue director de la Digenor.  Desde esa posición insistimos hasta la saciedad en organizar la metrología en el país dotándola no sólo de patrones nacionales trazables al sistema internacional, sino también de un nuevo marco legal conforme a las exigencias y directrices de carácter global en la materia.

El sistema metrológico de los egipcios de hace cuatro mil años era, indudablemente, más avanzado que el prevaleciente en nuestro país en la segunda década del Siglo XXI. 

Lo grave es que no es sólo la trazabilidad o la falta de calibraciones confiables de nuestros equipos o patrones de trabajo lo que resta confiabilidad y credibilidad a la noble tarea de la verificación.  También están presentes serios problemas relativos a los métodos de medición (secuencia lógica de operaciones formalmente establecidas en un documento), confirmación metrológica (comprobación de cumplimiento de requisitos: calibración, verificación, ajustes y reparaciones necesarios) y la falta de regulación del sistema de unidades legales a ser utilizado. 

Con el “sistema” actual” se incurre en el mismo delito del que se acusa a las envasadoras: se engaña al público enarbolando discrepancias metrológicas que se deciden sobre la base de patrones de trabajo nunca calibrados y que, por tanto, carecen de trazabilidad alguna a patrones nacionales (que no existen en el país) o internacionales.

 

La pregunta final es la siguiente: ¿Cerramos a un sector comercial completo sin argumentos técnicos válidos o comenzamos a hacer lo que nunca se hizo: construir una infraestructura metrológica de clase mundial que ayude efectivamente a Pro-Consumidor, proteja realmente a los consumidores y usuarios y sirva eficazmente al fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas?

Autor: Dr. Julio Santana

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