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22/9/2012
¿Qué es un sistema acusatorio? Y algunas reflexiones

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El sistema acusatorio se entiende por el Principio de Imputación, el cual “supone la formulación de una acusación por parte del actor penal (ministerio público o querellante), descriptora del hecho de modo preciso y circunstanciado con la respectiva calificación legal y, además, la individualización del acusado.” (Derecho Procesal Penal, Escuela Nacional de la Judicatura, página No. 399)

Se trata de un sistema (el acusatorio) en el que no existe acusación sin acusador, en el que el procedimiento se cae por la ausencia del acusador.

El sistema acusatorio no es algo nuevo: es antiquísimo, es decir, viejísimo: comenzó en la Grecia antes de Cristo y fue adoptado  por  los romanos quienes lo desarrollaron.

En él prima una concepción medularmente privada del Derecho Penal, en tanto cuanto se conceptúa que el castigo que corresponde al culpable es un derecho que pertenece al agraviado, el cual puede incluso ejercer el derecho a conseguir el castigo o abandonar dicho derecho (se le pueden agregar otros artilugios procesales, pero la esencia del mismo incide mucho en el funcionamiento del sistema que se edifique sobre la base de él); si ejerce dicho derecho, el castigo y el resarcimiento del perjuicio provocado se conocen a través de un mismo procedimiento, sin que haya distinción entre lo que es procedimiento penal y lo que es procedimiento civil.

Los principios básicos de dicho sistema son:

 a) todo ciudadano tiene la facultad de acusar;  

b) que la acusación sea formulada por alguien diferente al Juez;  

c) el juez no puede actuar de  oficio; 

d) juzga un Jurado o asamblea popular, de ahí que las sentencias no sean apelables, rige el principio de un único grado de jurisdicción; 

 e) libertad personal del imputado hasta que intervenga una sentencia de condena; 

 f) igualdad total de deberes y derechos entre el que acusa y el acusado; y 

 g) que el Jurado o asamblea popular se circunscriba a juzgar los hechos que se aleguen y que se prueben; y

h) el veredicto se fundamenta en el libre convencimiento.

Todo eso es la base, la médula, la esencia de un sistema acusatorio; cualquier otra cosa es pura añadidura.

El principio del Sistema Acusatorio “de que el proceso no es otra cosa que un duelo entre dos rivales, a uno de los cuales el juez debe finalmente dar la razón” es considerado un “principio más o menos primitivo” por los autores dominicanos Luis R. Del Castillo Morales, Juan Ml. Pellerano Gómez e Hipólito Herrera Pellerano (Derecho Procesal Penal, Tomo I, pág. No. 41) 

¿Porqué razón los autores dominicanos Del Castillo, Pellerano y Herrera califican de `primitivo` al sistema acusatorio? Por algo o por alguna o por algunas razones, y no por un capricho, así lo califican.

¿Porqué un sistema con un carácter `primitivo` se coló entre nosotros y se adoctrina con él a jueces, a representantes del Ministerio Público y a abogados defensores? ¿Dónde radica  el primitivismo del mismo? ¿Cuáles son los refinamientos que tiene el sistema mixto que, por el contrario, no tiene el sistema acusatorio que acusa ese carácter `primitivo` que señalan Del Castillo, Pellerano y Herrera? ¿Cuáles instituciones y reglas del sistema mixto son consideradas superiores por Del Castillo, Pellerano y Herrera que llevan a éstos a tildar de `primitivo` al sistema acusatorio? ¿Porqué esas instituciones y reglas del sistema mixto son superiores a instituciones y reglas del primitivo sistema acusatorio?

Aunque  todas esas preguntas tendrán respuestas específicas más detalladas en  otro tema que no es este, si avanzo, en lo que concierne a la afirmación de Del Castillo, Pellerano y Herrera, que las respuestas a dicho tinglado de preguntas se desprenden de lo que dichos autores dominicanos alaban o consideran eran o son las ventajas y de lo que ellos resaltan o consideran que son los vicios o taras del sistema acusatorio, al respecto dichos autores dominicanos dicen: “El Derecho Procesal acusatorio tenía sus ventajas pues colocaba a las partes en un plano de igualdad y, en cierta medida, dadas la oralidad y publicidad del juicio, garantizaba la imparcialidad de los jueces, pero también tenía sus inconvenientes pues se prestaba al chantaje, difícilmente conducía al descubrimiento de la verdad y no protegía suficientemente los derechos de la sociedad.” (Derecho Procesal Penal, Tomo I, pág. No. 41)

En un sistema acusatorio a los jueces y tribunales se les puede engañar con una facilidad pasmosa por parte del imputado debido a que dichos jueces y tribunales no tienen la facultad de investigar si es verdad lo que el delincuente les ha presentado como supuestas ``pruebas``. El desenvolvimiento de dichos jueces y tribunales en dicho sistema acusatorio se trata de un desenvolvimiento encajonado y en el cual marco encajonado el delincuente o los delincuentes pueden insertar todas las pruebas mentirosas o falsas que quieran y después de eso dichos jueces o tribunales apoderados no tienen iniciativa para poder esclarecer la verdad. El Principio de Separación de Funciones  típico del sistema acusatorio (consagrado dicho Principio en el Artículo 22 del Código Procesal Penal) es una garantía para el delincuente hiperbolizar (= exagerar) lo que en la Doctrina del sistema del CPP se considera ``su ``derecho`` a mentir``.

Con dicho Principio de Separación de Funciones se despoja totalmente a los jueces o tribunales de toda facultad de investigar de oficio si es verdad o es mentira lo que el delincuente les presenta como supuestas ``pruebas``. La estricta extrema separación de funciones del sistema acusatorio es uno de los vicios capitales del mismo: es sabido que las cosas llevadas al extremo hacen de ese extremo la debilidad de dichas cosas. El enlatado de pruebas falsas que forma parte de la coartada artificiosa del delincuente o de los delincuentes pasa así a formar parte del legajo sin posibilidad alguna de que dichos jueces o tribunales motus proprio puedan averiguar si es cierto o no lo que les dicen esas ``pruebas`` falsas de los delincuentes y la duda que pueden generar las mismas el Código Procesal Penal las resuelve a favor de dichos delincuentes imputados. Los jueces o tribunales sometidos al sistema acusa torio son verdaderos convidados de piedra frente al bizcocho excremental de las pruebas falsas de los delincuentes: están maniatados para determinar si las pruebas falsas de los delincuentes se corresponden o no con la verdad.

Esa facilidad pasmosa para engañar a los jueces y a los tribunales que les brinda dicho encajonamiento probatorio a los delincuentes la estamos viendo desde que empezó a aplicarse el Código Procesal Penal en la República Dominicana. La fabulación para crear coartadas artificiosas a que acuden los delincuentes y sus abogados da lugar a que en el sistema acusatorio la víctima sea re-victimizada en una forma totalmente canallesca debido a que no hay posibilidad de que los jueces o tribunales puedan de oficio disponer medida de investigación alguna que les permita salir de duda.

Esa facilidad pasmosa que con el CPP tienen los delincuentes para engañar a los jueces y a los tribunales es una de las debilidades espantosas del modelo procesal penal que dicho código creó. Por eso fue un gran error haber insertado el Principio de Separación de Funciones característico del sistema acusatorio en la Constitución de la República del veintiséis (26) de Enero del dos mil diez (2010) (el Artículo 22 del CPP fue llevado al Artículo 169, Párrafo I, de la Constitución (a consecuencia de ello sólo el Ministerio Público puede investigar y le queda vedado al Juez de Instrucción y a todo otro juez o jueces investigar en procura del establecimiento de la verdad)); se hizo así a la Constitución del Estado partícipe de un error garrafal; del mismo modo, de la Constitución del Estado dominicano se desterró la disposición de la Constitución anterior que establecía que Nadie podrá ser juzgado o condenado sin haber sido oído ``o debidamente citado``: eso se hizo eso para introducir el sistema acusatorio por lo de que el imputado en ese modelo procesal penal no puede ser condenado en defecto o en contumacia no obstante estar debidamente citado.

La Constitución debe estar separada de todo modelo procesal penal específico, del mismo modo que debe estarlo de toda Iglesia religiosa; la Constitución debe estar redactada en términos flexibles, cuestión de que la experimentación jurídica adjetiva errada (con su secuela de perjuicio social) no sea perpetuada a través de los moldes literales constitucionales.

La evolución de la Humanidad extendió al sistema acusatorio por diferentes lugares y luego lo circunscribió a determinadas áreas, esencialmente a Inglaterra y sus posteriores dominios. Ahora reaparece nuevamente; dicha situación se parece a la Ley del Péndulo Político, que es un desprendimiento de la Ley del Péndulo Histórico. Al reaparecer en estos últimos tiempos lo hizo con una versión específica y muy privilegiadora debido al privilegio marcado que establece el Código Procesal Penal a favor del imputado.  Que un sistema sea acusatorio nada tiene que ver con las instituciones de: la Conciliación (Artículos 2; 37 del Código Procesal Penal);   Criterios de Oportunidad (Artículos 34 a 36 del CPP); Suspensión Condicional del Procedimiento (Artículos 40 a 43 del CPP); Procedimiento Penal Abreviado (Artículos 363 a 368 del CPP); etcétera: a la luz de las características del sistema acusatorio se puede apreciar que nada de eso tiene que ver con que el sistema sea acusatorio  o que sea inquisitivo o que sea mixto: esos son artilugios que fueron objeto de sumatoria  por parte de quienes crearon el modelo procesal penal específico del Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica.

Los promotores del Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica han querido, para facilitar su aceptación y expansión, cubrirlo o disfrazarlo bajo el manto del constitucionalismo, sabedores del respeto debido a la Constitución y han ido más lejos: han buscado incidir en las reformas constitucionales para insertar a nivel constitucional instituciones propias de dicho Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica.

Creo que el modelo de sistema acusatorio que propone el CPP con el tinglado de instituciones que establece encaja mejor en sociedades donde exista un individualismo exagerado producto de las concepciones culturales de dichas sociedades; no para sociedades donde exista un fuerte vínculo comunitario o de solidaridad social. Ahí es donderadica su falencia o defecto ya que para él no existe el interés de la defensa social y no toma en consideración: la corrupción social de la actual vida de la Humanidad; la profunda corrupción política; y, por ende, la ausencia de la educación ciudadana y de las virtudes cívicas.

Por otro lado: hay que recordar que (así como bajo el sistema inquisitivo se produjeron persecuciones espeluznantes) bajo un sistema acusatorio fue que se produjeron las infames persecuciones de Salem (Boston), mejor conocidas en la Historia como La Cacería de Brujas de Salem; igualmente las que se produjeron en Inglaterra fue bajo un sistema acusatorio. Que el sistema sea acusatorio no implica que el sistema sea justo, eficaz, no favorecedor de atropellos del Estado, no favorecedor de impunidades, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nada es absolutamente malo ni absolutamente bueno. El sistema acusatorio en parte es bueno, pero jamás debe dar lugar a la idealización y a la religionización que del mismo se hizo a través de la alienante propaganda goebbeliana que se montó para vendérselo al público jurídico dominicano (alienando a la parte de éste que por carecer de sentido crítico se dejó alienar) y a la sociedad dominicana estafando así vulgarmente a esta; en el modelo del mismo que se instauró aquí (el llamado ``sistema acusatorio adversarial``) se estableció la inclinación que tiene a favorecer al imputado a ultranza. De las únicas partes que considero positivas del Código Procesal Penal están: a) la regulación exigiendo que respecto de las pruebas se indique el fin perseguido con cada una de ellas; y b) que el querellante pueda solicitar penalidad contra el imputado.

Por otro lado, que el procedimiento se caiga por la ausencia del Ministerio Público cuando éste es el único acusador se entiende como una secuela del principio medular del sistema acusatorio consistente en que si no hay acusación no hay procedimiento y se entiende así por el carácter “público” del Ministerio Público y aunque éste tiene ese carácter “público” dejar en manos del Ministerio Público presentarse o no, es decir, abandonar en él la suerte del proceso creo que es algo no conveniente para la sociedad.  La caída del procedimiento penal por la ausencia de la víctima creo que es otro grave error del legislador. La ley no debe dejar en manos de una actitud de la víctima el velar por la tutela judicial en ocasión de la puesta en peligro o de la lesión de bienes jurídicos relevantes; eso es algo que siempre debe quedar en manos de la sociedad, excepto en casos de extrema poca importancia jurídico-penal, de tan ínfima, tan ínfima importancia jurídico-penal que sólo incumba a la víctima decidir al respecto. Fuera de esa lejana y excepcional situación, dejar semejante cosa en manos de una actitud de la víctima es un error.  Eso se presta a que muchos crímenes y delitos queden impunes y a que la sociedad se vea impotente ante la caída del procedimiento, sea por alguna actitud de la víctima, sea porque el Ministerio Público quiere cubrir con el manto de la impunidad algún crimen o delito por alguna razón espuria. El interés social o interés de la sociedad debe primar sobre una actitud de la víctima o sobre algún interés espurio del Ministerio Público. La caída del procedimiento por la ausencia de alguien que sostenga la acusación no es lógico con el orden de apreciación de la gravedad de las infracciones penales, sobre todo cuando se trata de infracciones que comprometen a bienes jurídicos trascendentes. La regulación del CPP no deja entrever al Ministerio Púbico como un verdadero representante de la sociedad, sino como alguien que actúa en nombre de la sociedad pero que en realidad es el propietario de la Acción Pública o  Acción Penal; no se le ve como un depositario del ejercicio de la Acción Pública o Penal, la cual pertenece a la sociedad. Si el Ministerio Público por una razón espuria deja caer la Acción Pública o Penal esta se extingue y la sociedad queda sin garantía al respecto. Creo que se debe buscar e instituir un mecanismo procesal que garantice que en caso de que se produzca una desidia espuria del Ministerio Público, la sociedad pueda adquirir conocimiento sobre el particular y que, por ello, cualquier miembro de ella directamente afectado como miembro del conglomerado social quede facultado para poder proceder a realizar la actuación procesal necesaria para impedir que una ignominia del Ministerio Público dé lugar a que se produzca una injusticia para la sociedad cuestión de que la Acción Pública o Penal pueda concretizar su objetivo. Por ejemplo una o varias publicaciones obligatorias a cargo del Ministerio Público en medios de comunicación social de amplia cobertura podría permitir que alguien interesado dentro del seno de la sociedad pueda salir de esta y retomar el asunto donde, obedeciendo a un motivo espurio, el Ministerio Público pretende dejarlo. Tenemos ejemplos ilustrativos claros en los casos de la absolución del Dr. Salvador Jorge Blanco (ventilado bajo el régimen de liquidación, esto es, esencialmente bajo el régimen del Código de Procedimiento Criminal) y el caso del PEME (resuelto bajo el “sistema” del CPP) en el que estuvieron envueltos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Todos han tenido la misma salida o igual camino hacia la misma. En el caso del Dr. Salvador Jorge Blanco cuando su partido, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), retornó al poder en el año 2000 y nombró sus representantes del Ministerio Público, el encargado del mismo en la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se encargó (mejor dicho: le encargaron) de solicitar la absolución. El Procurador General de la República de entonces ni siquiera recurrió en Casación. En el caso del PEME cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retornó al poder en el 2004 el Procurador Fiscal de la época retiró la Acusación ante la Jurisdicción de Juicio apoderada.

Autor: Lic. Gregory Castellanos Ruano

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