SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.- “Es pertinente una plenaria urgente para llevar la confianza de la justicia a la población”, dijo la jueza presidente de la Corte de Apelación de esta provincia, doctora Norma Castillo.

La funcionaria judicial habló en esos términos, luego de la denuncia del diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Nelson Guillen, de supuestas irregularidades por parte de magistrados que no identificó, tras lo cual solicitó al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, una investigación de la misma.

La jueza Norma Castillo, quien lleva 20 años como magistrada en la jurisdicción del Distrito Judicial de esta provincia, en una entrevista exclusiva a El Nuevo Diario, dijo que el Nuevo Código Procesal Penal, habla de la participación de la ciudadanía, en cada una de las audiencias.

“Todo habitante del territorio de la República tiene el derecho a participar en la administración de justicia, por la forma de conocer el procedimiento”, manifestó.

Castillo, dijo que eso significa que “cuando celebramos las audiencias abrimos las puertas porque se tiene derecho a la publicidad o principio de publicidad, a los fines de que la ciudadanía se interese en la forma en que los jueces administran la justicia, ya que es un control social que le corresponde a cada ciudadano, y con más razón a los funcionarios públicos”.

“Dado el hecho, yo quiero decir que desde el 23 de septiembre del 2011, se solicitó al Consejo del Poder Judicial, que todas esas denuncias hechas por servidores públicos fueran investigadas, y que quede clarificada toda denuncia que se halla hecho”, dijo Castillo.

Señaló que en la Corte de Apelación ha dado servicios sociales que aprecia la ciudadanía y dijo que 20 años como jueza ha recibido el respeto, afirmando que lo que más se aprecia es el buen trabajo de un juez que se apegue a la ley.

“Es necesario que esa denuncia sea con las evidencias, y que con las pruebas se determinen cuál fue la actuación de nuestra Corte”, precisó, al señalar que cuatro casos están en investigación.

Identificó los expedientes de Velásquez Taveras, del cual dijo que existe una sentencia definitiva que está confirmada por la Suprema Corte de Justicia.

Además, Alejandro Castillo Paniagua (Kirinito), al cual se le ordenó la celebración de un nuevo juicio y caso del cual afirma que “esa persona no está suelta, si no que va a ser objeto de un nuevo juicio por los tribunales, de la misma categoría del tribunal que dictó la primera sentencia”.

“También como medida de coerción tenemos a Domingo Enrique Soto, misma que fue modificada de prisión preventiva a una garantía económica por un millón de pesos, donde el Ministerio Público dictaminó a favor de la misma”, informó.

La doctora Norma Castillo, habló del caso de Vertilio Solano, otro expediente que está en investigación por el Consejo Judicial, del cual dijo es el que más revuelo ha producido a través de los medios de comunicación del país.

Señaló que en ese caso también se modificó la medida de coerción de prisión preventiva a una garantía económica de dos millones de pesos, y que esa persona se presenta a la firma del libro cada 15 días, y en las veces que ha sido requerido, porque también tiene otro caso en otros tribunales.

Reiteró que las denuncias de supuestas irregularidades han provocado a nivel de la sociedad y de funcionarios de diversos estamentos del Estado, profundas preocupaciones, especialmente sobre la credibilidad y la confianza que requiere de manera especifica el poder judicial para la efectividad de justicia, “porque considero pertinente y prudente una Inspectoría Extraordinaria, como la ordenó el Consejo del Poder Judicial, a la cámara penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, para que se restaure la confianza y crebilidad pública, en la administración de justicia en esta provincia.

La jueza presidente de la Corte de Apelación doctora Norma Castillo, afirmó que no tiene queja del Ministerio Público, entidad que dijo.  

“Yo dijo lo siguiente, estamos en una investigación por lo cual yo soy respetuosa, de la investigación, lo que pedimos es que se haga  esa investigación conforme al debido proceso de ley, como lo exige la Constitución en su articulo 7910, donde dice que el debido proceso de ley se aplica a todo procedimiento, no importa la naturaleza que sea”, agregó Norma Castillo.

En tanto una comisión del Consejo Judicial de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra investigando las supuestas irregularidades por parte de jueces de San Cristóbal, la jueza presidente de la Corte de Apelación terminó sus declaraciones diciendo que cuando se pierde la fe en la justicia, se pierde la paz social.