El proyecto del diputado Alfonso Crisóstomo que busca modificar la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública ha encontrado un rotundo rechazo de parte de los diferentes sectores de la vida nacional, quienes advierten que su aprobación en el Congreso Nacional atentaría contra la libertad de prensa en el país.

Sin embargo, la iniciativa no pasará en el Congreso Nacional, advirtió el presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, y también cuenta con el rechazo del titular de la Cámara Baja, Julio César Valentín.

Otros que se oponen al proyecto son el ex presidente Hipólito Mejía, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, el secretario de Trabajo, Max Puig, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, entre otros.

Para el ex presidente de la República, Hipólito Mejía el referido proyecto de ley es un paso negativo que debe ser tomado muy en serio,  porque podría ser el comienzo de una etapa represiva.

“Quisiera pensar que es una cuestión aislada y no un plan partidario, aunque conozco la dictadura con apoyo popular”, dijo.

El presidente Mejía pronosticó que esta propuesta del legislador oficialista no pasará en el Congreso Nacional, tras argumentar que el país  esta muy maduro para este tipo de actitudes del pasado.

 “Este proyecto de ley no es mas que un disparate, que no tiene posibilidad de prosperar en el Congreso”, señaló. 

Explicó que en un país donde ha habido modesto avance en materia de transparencia esa es una ley que obliga, al menos, que las cosas sean como Dios manda.

Mientras que, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, consideró que el proyecto de ley presentado por el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Alfonso Crisóstomo es personal, no del partido.

Mientras que, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, rechazó la modificación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, asegurando que

que los comunicadores pueden tener la seguridad de que esa organización “no participará en ninguna acción que atente contra la libertad de prensa”.

Afirmó que esa organización tiene un historial de “promoción y tolerancia” de la expresión del pensamiento y otras libertades que constituyen la esencia del régimen democrático.

El pasado martes el diputado del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alfonso Crisóstomo, presentó su proyecto de modificación a la Ley 200-04 porque considera que las informaciones deben estar categorizadas y también entiende que esa legislación le otorga demasiadas facilidades a los periodistas y que por esto muchos se convierten en sensacionalistas.

En tanto que, el procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña y el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) rechazaron la intención de modificar la Ley de Libre Acceso a la Información con el argumento de establecer la "veracidad" de la información.

Jiménez Peña se expresó totalmente en desacuerdo con la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública, como propone el diputado peledeísta por Puerto Plata, Alfonso Crisóstomo.

 "A la prensa, a la libertad de expresión no se le puede poner ningún tipo de cortapisas", agregó.

Jiménez no cree que ninguna institución del Estado tenga por qué estar ocultando información. Opina que las informaciones sobre manejo de recursos deben ser de pleno conocimiento de la ciudadanía. Aunque reconoció que los congresistas son soberanos, sugirió que reflexionen en ese sentido.

Mientras que, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió sobre los peligros que significaría para la democracia la constitucionalización del requisito de la veracidad de la información.

"La construcción de una sociedad libre supone admitir el riesgo de una información inexacta y no someter a un control previo de la información para determinar su veracidad". dijo.

Agregó que establecer un requisito de "veracidad" para buscar o difundir una información constituye una forma de censura previa que no debe ser permitido en un Estado social y democrático de derecho.

Manifestó que a la Finjus le preocupa que junto a esa cláusula constitucional están surgiendo iniciativas legislativas que pretenden limitar el acceso a la información pública.

COMUNICADORES

En tanto que, un grupo de reconocidos comunicadores se mostró este viernes contrario a las pretensiones de modificar dicha iniciativa y a que se condicionen las garantías constitucionales relacionadas con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

 En un documento firmado por Juan Bolívar Díaz, María Isabel Soldevilla, Miguel Guerrero, Jean Michel Caroit, Alicia Ortega, Manuel Quiterio Cedeño, Nuria Piera, Carmen Imbert Brugal, Huchi Lora, Adriana del Conte, Fausto Adames Rosario, Ramón Colombo, Altagracia Salazar y Ana Mitila Lora, los reconocidos informadores expresan “su preocupación por la incomprensión que se manifiesta en esferas públicas frente a la labor de denuncia que realizan numerosos periodistas tanto en televisión y radio como en periódicos impresos y electrónicos”.

 Durante una rueda de prensa celebrada en el salón Multiuso de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), ubicado en la Torre Empresarial de la avenida Sarasota, los conocidos hombres y mujeres de la prensa indican que también resulta muy preocupante el que un diputado haya sometido un proyecto para limitar las garantías contenidas en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, cuyo reglamento fue emitido por decreto presidencial 130 del 2005.

El anteproyecto de ley que busca modificar la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información es de la autoría del diputado del PLD por la provincia de Puerto Plata, Alfonso (Querido) Crisóstomo.

“Nuestra preocupación es todavía mayor ante el despropósito, evidentemente ligado a lo anterior, de algunos legisladores que pretenden consagrar constitucionalmente como prerrogativa estatal, calificar cuándo una nota periodística es o no “información veraz”, lo que nos sitúa ante el peligro de la censura previa, odiosa práctica de la libertad de expresión superada en nuestro país desde la caída del régimen de Trujillo”, destaca el documento entregado a los periodistas.

Significa, asimismo, que es necesario recordar que la Ley 200-04 fue fruto de varios años de consultas con expertos de organismos internacionales y de concertaciones entre instituciones gubernamentales y sociales empeñadas en la lucha contra todo género de malversación de los recursos estatales, objeto de denuncias no sólo de dirigentes de la sociedad civil, sino también de líderes de los partidos políticos siempre que están en la oposición al gobierno de turno.

El grupo de comunicadores precisa además, que como indica en su mismo texto, esta ley se fundamente en el inciso 10, artículo 8 de la Constitución de la República, en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en dos enunciados del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de los que la República Dominicana es signataria.

Resaltan, asimismo, que legislaciones similares han proliferado en las últimas décadas en todos los países donde se ha expresado la firme voluntad de reducir la malversación de los recursos del Estado.

Explican que en su artículo 17 la Ley 200-04 contiene una docena de limitaciones, incluyendo la información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado, y en vez de mayores restricciones debería ser objeto de ampliaciones para que cumpla su objetivo.

“Deploramos la reticencia de numerosos funcionarios públicos, legisladores y políticos a acogerse a los mandatos de esta ley y su reglamento, expresión de nuestras debilidades institucionales, y ratificamos nuestra voluntad de proseguir apelando a ésta cada vez que se nos niegue información de interés público trascendente. Es una responsabilidad que queremos ratificar de conjunto para rechazar los intentos de personalizar y neutralizar las labores periodísticas individuales”, terminan apuntando los reconocidos comunicadores y comunicadoras en su manifiesto.

Este jueves, el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, criticó dicho proyecto.

En ese sentido, también se pronunciaron Otoniel Bonilla, director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la periodista Nuria Piera.

A juicio de Nuria Piera, el proyecto no es de la autoría del legislador oficialista “porque no tiene la capacidad intelectual para escribir un anteproyecto de ley”.

De su lado, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, consideró que con los cambios que se pretenden realizar a la Ley de Acceso a la Información Publica se buscan garantizar la impunidad de funcionarios por el manejo doloso de los fondos públicos.

Agregó que de ser necesario acudirán a la Suprema Corte de Justicia y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a exigir la tutela y respeto de ese Derecho Fundamental.

Criticó el hecho de que se quiera limitar y cercenar la conquista y herramienta de lucha contra la corrupción, que hoy por hoy constituye el   derecho fundamental de acceso a la información pública contemplado en  la ley 200-04, en la Constitución de la República y en múltiples acuerdos.

“De modificar la ley 200-04 sobre acceso a la información pública, primero ante la Suprema Corte de Justicia con un recurso de inconstitucionalidad y de ser necesario procuraremos el concurso de la comunidad internacional ante este nuevo y criminal atentado en contra de la democracia y  la vigencia de un Estado de derecho, que facilite el control ciudadano sobre la gestión pública”, dijo.

Asimismo, congresistas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y del Reformista Social Cristiano (PRSC) aseguraron que el proyecto de ley presentado por el diputado Alfonso Crisóstomo no pasará en el Congreso Nacional, al  contrario, se mostraron a favor de que las instituciones sean lo más  transparentes posible.

Entre esos legisladores figuran el senador Rubén   Darío (Rubén Toyota) Cruz (Hato Mayor-PLD) y Charlie Marioti (Monte Plata-PLD), así como el presidente de  la Cámara de Diputados, Julio César Valentín.

Además, los  voceros Euclides Batista (Tito) (PRSC), José Leonel (Neney) Cabera (PRD) y Alejandro Montás (PLD). También, el presidente de la Comisión de Verificación y  Auditoria  del proyecto de reforma constitucional, Frank Martínez (PRSC-La Romana).

Entienden que limitar el acceso a las informaciones del Estado sería un retroceso para la institucionalidad y la democracia del país. Los congresistas coincidieron en señalar que este temor a actuar con transparencia puede prestarse a malas interpretaciones.   

 De su lado, la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Mercedes Castillo, manifestó su oposición a la propuesta, siempre y cuando la misma pretenda coartar la libertad de expresión.

En ese sentido, convocó a los comunicadores a participar en un taller que se llevará a cabo el próximo sábado 26, en el local del gremio para socializar la propuesta y, posteriormente, fijar una posición colectiva al respecto. La actividad iniciará a las 9:00 de la mañana.

Mientras que el presidente de la Comisión de Verificación y Auditoría del proyecto de reforma constitucional, Frank Martínez, insistió  que ese organismo no puede conocer el artículo 21 sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento, tal como recomienda el informe final porque es atentatorio al reglamento que norma la vida de la Asamblea. Aclaró que ese término relativo a “información veraz” fue rechazado en la sesión del primero de julio de  2009